La auxiliar de enfermería se vio afectada por una bolsa de empleo que se constituyó de forma ilegal
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz da la razón a una auxiliar de enfermería geriátrica. Así, la Diputación de Cádiz tendrá que indemnizar a la profesional con 17.189 euros por responsabilidad patrimonial. La afectada se vio perjudicada en 2013, junto a un grupo de trabajadoras, por haber sido excluidas de una bolsa de empleo que se había constituido de forma ilegal.
CSIF ha señalado el prejuicio económico que sufrieron las trabajadores por las posibles contrataciones que perdieron durante los años qeu estaban excluidas de la bolsa (desde 2013 hasta 2019).
En 2013, se modificaron de forma arbitraria los criterios para puntuar un examen de acceso a las residencias de mayores de Cádiz y El Puerto de Santa María. Finalmente, en 2019, la bolsa ha sido ordenada de una manera más justa después de las denuncias de las trabajadores afectadas.
