La empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Cádiz (Procasa) ha atendido un total de 605 desahucios desde que se implantó en octubre de 2015 el Protocolo Municipal Antidesahucios, con un promedio anual del 70% de los casos resueltos favorablemente. La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha detallado que en lo que va de 2022 han sido 125 los casos atendidos y ha pedido «mayor implicación y colaboración a la Junta de Andalucía», que ha recordado que es la administración competente en materia de vivienda y en la búsqueda de alternativas habitacionales.
El Ayuntamiento puso en marcha el Protocolo Municipal Antidesahucios como un instrumento de actuación y de coordinación de medidas a implantar encaminadas a la defensa del derecho a la vivienda para prevenir situaciones de riesgo de pérdida del domicilio habitual y evitar desahucios. A la oficina del servicio de ayuda y asesoramiento recogida en dicho protocolo municipal (OMDEVI), las personas acceden directamente, derivadas por las diferentes delegaciones municipales o por los juzgados.
Cabe señalar que las funciones que se desarrollan desde la OMDEVI son las de orientación, atención social, asesoramiento jurídico, intermediación con las entidades financieras, propietarios o administración de las fincas, así como de acompañamiento social.
Tubío ha detallado que en lo que va de 2022 Procasa ha intervenido en 125 casos con personas o familias afectadas por riesgo de desahucio en su vivienda habitual, siendo 82 casos nuevos y 43 casos que permanecían abiertos de años anteriores. Todos los casos abiertos en 2022 tenían contrato de arrendamiento de vivienda habitual.
Durante esta anualidad, se han cerrado un total de 67 casos, de los cuales 43 lo han hecho favorablemente, bien porque conserva la vivienda, consiguen alternativa habitacional adecuada, pasan a los nuevos alojamientos de vivienda transitoria habilitados por el Ayuntamiento o acceden a una vivienda pública a través del Registro de Demandantes de Vivienda por tener los puntos exigidos legalmente y estar en los primeros puestos de dicho registro.
Por otra parte, 18 casos se han cerrado de modo desfavorable, con 16 casos en los que las llaves de la vivienda tienen que ser entregadas sin conseguir una alternativa habitacional estable y dos que han desembocado en lanzamiento por acudir a los recursos municipales en un estado demasiado avanzado del proceso en el que ya no era posible la intervención. Además, hay seis casos más cerrados por abandono de la intervención, desconociéndose por tanto si han alcanzado resolución.
De los 605 desahucios atendidos desde Procasa desde que se implantó el protocolo municipal, el 83% corresponden a arrendamientos, un 8% a hipotecas y un 9% están sin título en las viviendas, es decir, en precario.
La concejala de Vivienda ha significado que, a pesar de que la competencia en materia de vivienda y en la búsqueda de alternativas habitacionales corresponde a la Junta de Andalucía, «el Ayuntamiento ha habilitado numerosas herramientas para evitar los desahucios, como este protocolo de actuación», así como para «ofrecer alternativas en caso de que propietarios y juzgados continúen hasta su ejecución, como son la creación de alojamientos transitorios o el programa de Alquiler Justo», a través del que el Ayuntamiento abona el 100% de la renta a las personas propietarias en caso de un nuevo alquiler.
Además, Tubío ha abundado que «actualmente se ayuda cada mes a unas 2.000 familias con el alquiler desde Servicios Sociales, además de emitir informes de vulnerabilidad que retrasan o protegen a las familias en casos de desahucios».
Igualmente, ha incidido en que es «fundamental» contar con la implicación de la Junta de Andalucía «para que colabore en la creación de recursos de alternativa habitacional en la ciudad y para que ejerza, en base a la facultad que tiene y que no ha desarrollado hasta el momento, el derecho de tanteo y retracto en los desahucios de vivienda en toda la comunidad autónoma y, por tanto, en Cádiz».
Por último, ha señalado que desde el Ayuntamiento de Cádiz se reclama a la Administración autonómica que «no impida la regulación de los apartamentos y viviendas turísticas, ya que detraen buena parte de la oferta de alquiler residencial que ya es, de por sí, mínima en la ciudad».
