El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado que el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía «mantenga sus lealtades con la escuela concertada en detrimento de la pública sin el más mínimo pudor», criticando el hecho de que haya incrementado en un millón de euros la financiación de la concertada al mismo tiempo que «recorta recursos que corresponden legalmente y por derecho al alumnado con necesidades especiales».
Así lo ha manifestado la concejala de Enseñanza, Ana Fernández, quien ha avanzado que tiene intención de abordar esta cuestión con la nueva consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, a la que ha solicitado una reunión tras su nombramiento. De hecho, la edil aprovechará para llevar de nuevo ante la Junta un caso concreto de una alumna del Colegio Tierno Galván con necesidades educativas especiales «cuyos derechos están siendo vulnerados».
Según ha explicado, se trata de una alumna con una enfermedad rara que le provoca debilidad muscular y en cuyo dictamen de escolarización se reconoce que debe contar con un profesional técnico de integración social las cinco horas que está en clase. Sin embargo, el colegio solo cuenta con personal para tres horas al día, obligando a la madre de la menor a acudir al centro para darle cobertura el resto del tiempo.
Como ha apuntado Fernández, la familia de la menor ya se puso en contacto el año pasado con el Ayuntamiento, que obtuvo el compromiso del anterior delegado territorial de Educación, Miguel Andreu, de que «se iba a revisar el caso». Sin embargo, «la realidad es que su dictamen de escolarización recoge que debe tener apoyo todo el tiempo y lo cierto es que solo lo recibe durante tres horas en el aula».
A juicio de la concejala, el hecho de que la madre de esta alumna tenga que acudir a clase es «un sinsentido», principalmente porque «se está atentando contra el derecho de esta alumna a la integración» tal y como se recoge desde la Declaración Universal de los Derechos del Niño a la propia ley educativa, que dice que «hay fomentar en la medida de lo posible que el alumnado con necesidades educativas especiales forme parte y comparta el tiempo que permanece en el centro con su grupo clase, ya que es lo más saludable y adecuado de cara a que puedan tener una vida lo más normalizada posible».
Por ello, la alumna en cuestión «debería utilizar los recursos que establece la ley y que, además tiene dictaminados», por lo que la Junta de Andalucía «tiene la obligación de poner ese recurso a disposición». El hecho de que no se esté prestando ese servicio durante las cinco horas diarias de clase «vulnera sus derechos como alumna», tal y como se volverá a trasladar a la Administración andaluza en la reunión solicitada con la consejera de Desarrollo Educativo.
Finalmente, Ana Fernández ha subrayado que, «por desgracia, de ninguna manera este es un caso aislado», ya que «desde que el PP gobierna en la Junta de Andalucía se están recibiendo denuncias reiteradas en diferentes colegios de Cádiz y de toda la provincia en las que las familias reclaman más recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales».
