El Ministerio de Hacienda cerca los posibles fraudes en las compras a través de Internet y reforzará la vigilancia de los pagos transfronterizos de comercio electrónico con nuevas obligaciones de información que pretenden evitar un fraude en el IVA de estas operaciones. Estas nuevas obligaciones están recogidas en un anteproyecto de ley, actualmente en fase de audiencia pública y disponible en la página web de Hacienda, por el que se transpone la modificación de la directiva europea sobre el IVA del comercio electrónico.
La transposición de la modificación de la directiva -que complementa las medidas en vigor desde julio de 2021- pretende atajar el fraude detectado en los pagos transfronterizos realizados por transferencia electrónica, dado que como el comprador es el consumidor final y no tiene obligaciones tributarias con esa operación, resulta difícil comprobar el destino del pago. Para evitarlo, a partir de 2024 los proveedores de servicios de pago tendrán que mantener registros detallados de los pagos fronterizos en los que intervengan y facilitar esa información a Hacienda.
Esta obligación solo aplicará cuando el pagador se encuentre en un Estado miembro y el beneficiario en otro o en un país extracomunitario y, además, el beneficiario haya recibido más de 25 pagos de este tipo en un trimestre, lo que indica una posible actividad económica. Todos los proveedores de servicios de pago tendrán que conservar estas informaciones durante tres años y comunicarlas a Hacienda, con el objetivo de identificar al ordenante inicial y al beneficiario final cuando varios operadores participen en la operación.
Un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA) alerta de que la falta del control sobre estas transacciones a nivel comunitario supone un agujero de 5.000 millones de euros entre fraude de IVA y tasas aduaneras. El órgano fiscalizador europeo admite que no hay estimaciones del importe del IVA que no se recauda por la venta de servicios a través de Internet entre países, aunque la Comisión Europea estima que «las pérdidas por entregas de bienes de escaso valor desde terceros países ascienden a 5.000 millones de euros anuales».
El tribunal constata que persisten las dificultades en los países de la UE para recaudar los importes correctos del IVA y de los derechos de aduana por productos y servicios vendidos a través de Internet, afea los controles «deficientes» de las autoridades tributarias nacionales, mientras que las inspecciones del IVA y derechos de aduana recaudados que lleva a cabo la Comisión Europea resultan «insuficientes» y denuncia la ejecución ineficaz de la recaudación.
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