Un matrimonio de Cádiz ha conseguido en los tribunales el perdón de una deuda de más de 60.000 euros tras beneficiarse de la Ley de la Segunda Oportunidad. M. e I. contaban con una única fuente de ingresos, la actividad por cuenta propia como transportista de él. Con el tiempo, se vieron obligados a reparar en varias ocasiones la furgoneta que utilizaba el marido para desempeñar sus funciones. Estas reparaciones supusieron un desembolso importante que necesitó de créditos bancarios y tarjetas. Los altos intereses de estos préstamos les llevaron a solicitar nuevos créditos para cancelar los primeros y esto generó un “efecto bola de nieve” que terminó por sobreendeudarles sin capacidad de respuesta.
Desesperados por ver cómo los intereses seguían aumentando y destinaban más de lo que ganaban solo a devolver su deuda bancaria, contactaron con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad formada por abogados y economistas especialistas en ayudar a personas insolventes. Estos profesionales fueron los que estudiaron su caso y aconsejaron a los deudores acogerse a la llamada Ley de la Segunda Oportunidad.
Pepe Domínguez, letrado de la asociación, detalla las claves del asunto: «En un principio, el matrimonio dudaba de la eficacia de la Ley de la Segunda Oportunidad. No obstante, tras ver que cumplían los requisitos, les explicamos que podían estar tranquilos y que con este procedimiento se solucionaría su problema de solvencia. La ley da dos posibles fines: un acuerdo de pagos donde se reduzca la deuda hasta en un 90% o, lo que hemos logrado, el perdón del 100% de la deuda”.
Pasos a seguir
Desde el primer momento, la estrategia a seguir estaba clara: “Presentar el preconcurso de acreedores para suspender toda obligación de pago y evitar cualquier intento de embargo sobre el vehículo, necesario para el trabajo del hombre», detalla Domínguez.
Así se abre un periodo en el que se intenta un acuerdo con las entidades financieras. Con esto, los deudores demuestran su buena fe para abonar lo que puedan. En este caso, el pacto no fue aceptado por las distintas entidades bancarias pero se acreditó a los interesados como “deudores de buena fe”.
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