Coincidiendo con el fin de la 26 Cumbre del Clima (COP26), el Ayuntamiento de Cádiz organiza un coloquio que, bajo el título ‘La batalla de la energía y la emergencia climática’, abordará los retos y los obstáculos para una transición energética justa y democrática, el poder de las multinacionales, así como las posibilidades de acción transformadora que la ciudadanía puede llevar a cabo.
Como han señalado desde la Concejalía de Transición Energética, «en el actual contexto de crisis de precios de la energía y empobrecimiento de las mayorías sociales, es importante explicar lo que está pasando y facilitar encuentros en los que la gente pueda debatir, proponer y organizar acciones».
Así, el acto comprenderá cinco presentaciones y un coloquio abierto. La presentación del acto estará a cargo de Gema Gómez, coordinadora de la Mesa de Transición Energética. Alba del Campo, asesora de la Concejalía de Transición Energética, hablará de cómo avanzar en la transición energética ciudadana, mientras que Marta García, de Ecologistas en Acción, y Lucía Bárcena, del Transnational Institute, abordará el Tratado de la Carta de la Energía y explicarán la campaña en la que solicitan la salida de España de este tratado.
El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo multilateral de protección de las inversiones en el sector energético del que forman parte otros 52 países, además de la Unión Europea (UE). Según apuntan desde la Concejalía, «los impactos más destacados de este tratado son los obstáculos que supone de facto a la transición energética, los límites al desarrollo de políticas sociales y el coste que están asumiendo los Estados».
«Debido al Tratado de la Carta de la Energía, los países están siendo demandados por las medidas que pretenden reducir la quema de combustibles fósiles en sus territorios. Países Bajos ha recibido dos demandas entre febrero y abril de 2021 por la ley que ha aprobado para eliminar la producción eléctrica a partir de carbón en 2030. Las empresas alemanas RWE y Uniper han reclamado al Estado holandés 2.400 millones de euros en compensación al verse sus centrales afectadas por esta regulación energética. Por su parte, España es el país más demandado en este marco, y ya ha sido condenado a pagar 971 millones de euros en concepto de indemnizaciones por inversiones energéticas, siendo la suma total reclamada al Estado de más de 10.000 millones de euros», han abundado.
Después de la presentación de la campaña, Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, hablará de pobreza energética y derecho a la energía, y Lorena Garrón, concejala de Feminismos y porttavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, cerrará las ponencias poniendo el foco en un modelo energético sostenible para Andalucía. La segunda mitad del acto será un debate entre el público y las personas invitadas.
