El concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, ha lamentado el «nuevo castigo» a los ayuntamientos en materia de financiación que supone la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de diferentes artículos de la Ley de Haciendas Locales referentes al denominado impuesto de plusvalía local, lo que supondrá una merma de en torno al 4% en los ingresos del presupuesto municipal. Por ello, insta al Gobierno a que «afronte este asunto y solvente el conflicto sobre la financiación», reclamando en este sentido «una renovación integral de la ley de financiación de las haciendas locales».
El concejal ha recordado que hay dos sentencias previas –de 2017 y 2019- del TC contrarias a este impuesto y que el Gobierno se comprometió a modificar los capítulos de la ley referentes al mismo, pero «no lo ha hecho pese a que ha tenido tiempo» y ahora se han declarado inconstitucionales y nulos los artículos que establecen un método para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como plusvalía municipal).
Esta «dejadez» del Gobierno, que ha insistido en que ha tenido «años para resolver esta cuestión y no lo ha hecho», ha desembocado en «un nuevo revés judicial que afecta directamente a los ayuntamientos, que siguen infrafinanciados y maltratados en este sentido pese a ser la administración más cercana y que más ayuda de manera directa a la ciudadanía».
Páez ha señalado, además, que se trata de un problema que afecta a todos a los ayuntamientos, aunque en algunos tiene un porcentaje de impacto mayor que en otros. Así, mientras «la anulación en Cádiz supone una merma de en torno al 4% de los ingresos, en Madrid no llega al 1%», puesto que depende del resto de ingresos que se reciben en otros conceptos. Según ha concretado, este impuesto reporta unos ingresos anuales al Ayuntamiento gaditano que rondan entre los 6,5 y los 7,5 millones de euros.
Tras destacar la necesidad de «otro tipo de financiación diferente al sistema actual», urge al Gobierno central a acometer «una renovación integral de la ley de financiación y de la ley de haciendas locales», subrayando sobre esta última que lo que hace es «seguir ahondando en las brechas existentes entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades y pueblos, porque beneficia fundamentalmente a Madrid y Barcelona sobre el resto».
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