El Colegio de Médicos de Cádiz celebra, de igual forma que lo ha hecho el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), el decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros que establece la categoría de enfermedad profesional en aquellos profesionales sanitarios que se contagien de covid-19, una reivindicación que llega tras diez meses de trabajo de toda la profesión médica.
Desde los colegios de médicos reiteran la importancia de esta medida, dado el gran número de sanitarios contagiados en nuestro país, 118.000 hasta la fecha, con 107 médicos fallecidos en el ejercicio de su profesión.
Este cambio permitirá que los facultativos puedan acceder a las mismas prestaciones a las que acceden otros colectivos profesionales a los que se les reconoce la enfermedad profesional con el objetivo de dar cobertura laboral durante toda la vida de trabajador, independientemente de cuando pueda contraer secuelas o complicaciones derivadas de la covid-19, puesto que estará protegido por la Seguridad Social.
Esta norma se contemplará desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.
Esta medida supone que la consideración de enfermedad profesional comparta con el accidente la cuantía de la prestación económica, la responsabilidad de la mutua en su asistencia sanitaria y el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene, establecidas en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social.
«Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la infección se produzca por causa de equipos de trabajo deficientes o actividades en centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador», explica Ricardo De Lorenzo, director de la Asesoría Jurídica del CGCOM.
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