El Equipo de Gobierno ha calificado de «ínfima» las ayudas de alquiler contempladas en la orden del 1 de septiembre de 2020 de la Junta de Andalucía para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y en situación de especial vulnerabilidad, «una ayuda a todas vistas insuficiente y discriminatoria, en la que se deja a un lado la concurrencia competitiva basando el criterio principal en el orden de llegada y no en los informes de valoración en base a la urgencia de cada caso».
La orden contempla dos líneas de ayudas, una primera para víctimas violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables y una segunda para las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro que faciliten una solución habitacional a estas personas.
El Equipo de Gobierno ha afirmado que «de los 12,3 millones que tenía asignada la orden para toda Andalucía, a la provincia de Cádiz le corresponde tan sólo 1,1 millones de euros, una cantidad que se convierte en algo simbólico para cada municipio ya que no cubre ni un décima parte de la demanda».
«La solicitud de estas ayudas ha supuesto un gran esfuerzo para los servicios sociales ya que la Consejería ha delegado, de nuevo, la valoración de las solicitudes en manos municipales, sin dotarlos de medios. Esto ha aumentado aún más la ya de por sí alta carga de trabajo de las profesionales agravada ante los efectos económicos del Covid sin que se haya visto compensada ya que de las 181 solicitudes presentadas por el Ayuntamiento de Cádiz, en la que se han hecho 200 entrevistas y valoraciones, tan solo se han concedido ayudas para tres casos en referencia a la primera línea de ayudas», han explicado.
En este sentido, han señalado que «teniendo en cuenta que no se trataba de una ayuda por concurrencia competitiva que hubiera sido lo lógico y que primaba el orden de llegada, cosa que perjudica a las ciudades con mayor población». Han insistido en que «somos conscientes de la importancia de que llegue hasta el último euro para poder invertirlo en la inclusión social y por eso priorizamos esta línea de ayudas, pero la resolución no compensa al trabajo invertido sobre todo cuando el resultado es que solo llega a tres familias».
En cuanto a la segunda línea, destinada a administraciones y empresas públicas, de la subvención solicitada por parte de Procasa para 67 viviendas por un importe de 657.322,32 euros, la ayuda concedida ha sido de 89.056,03 euros para unas 13 familias, «que no llega ni al 14% de lo solicitado». En esta línea comparan la escasa inversión de la Junta con los más de tres millones de euros que el Ayuntamiento de Cádiz ha invertido en cuestiones de vivienda (alquileres, pago de hipoteca…) y recuerdan que desde Procasa se ha otorgado una moratoria del pago a sus 2.000 inquilinos e inquilinas asumiendo la morosidad en el impago en muchos casos.
Desde el Equipo de Gobierno instan a la Junta a que «las ayudas tramitadas sean para todos los beneficiarios que cumplan los requisitos de la orden o en todo caso por orden de necesidad». «No es concebible que el criterio principal sea el orden de llegada perjudicando a las ciudades más grandes que suelen ser las que tiene más demanda también».
Desde el Equipo de Gobierno ha exigido a la Junta de Andalucía a que asuma sus competencias y «un compromiso de verdad con las familias que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, ya que esta inversión de 1,1 millón de euros para toda la provincia se queda ridícula cuando el Ayuntamiento destinó más de 4 millones de euros en ayudas sociales en 2020».
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