El Ayuntamiento de Cádiz ha interpuesto una reclamación administrativa ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuestionando la legalidad de los títulos en precario que la Delegación Territorial en Cádiz otorgó a los chiringuitos, en los que ampliaba el plazo de duración de las concesiones, el tiempo máximo de apertura al año y la superficie a ocupar. De no responder o no allanarse a las pretensiones municipales, la Administración local acudirá a la vía contenciosa.
El Equipo de Gobierno ha explicado que desde el Ayuntamiento se mantiene que «tanto el pliego de condiciones como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son los que determinan el régimen de estas concesiones, en tanto que ni las normas urbanísticas así lo precisan y la transmisión de la titularidad de las concesiones no se ha efectuado».
Ha comentado que, si bien es cierto que en su día se inició desde el Ayuntamiento un expediente de transmisión, la intención de éste era resolver, dentro de un mismo expediente administrativo y con los informes técnicos precisos, si la pretensión que ponían sobre la mesa desde la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA) y desde la Delegación de Medio Ambiente de la Junta era contraria a la protección del medio natural, a las normas urbanísticas vigentes, al pliego de condiciones y a la libre concurrencia en un concurso, puesto que modificaba las condiciones tras su concesión.
«Esto ha resultado ser así y se dio por concluido el expediente con la no transmisión de las concesiones», ha subrayado el Gobierno local, enfatizando que «es el Ayuntamiento quien tiene potestad para iniciar y concluir un expediente de índole municipal, y no otra administración».
Prueba de ello es que «desde el Ayuntamiento se han iniciado los expedientes tanto sancionadores como de restitución de la legalidad cuando estas concesiones han incumplido los términos previstos, y todo ello en base a las competencias que tiene la entidad local en la materia y referidas al pliego de condiciones en vigor y a las normas urbanísticas del PGOU».
El Equipo de Gobierno ha dejado claro que «no es intención municipal la de sancionar por sancionar, o retirar por retirar instalaciones», por lo que, «habiendo quedado claro ya el orden jurídico y las normas de aplicación», confía en que los concesionarios de estas instalaciones «cumplan, de buena fe, los términos de la concesión y del PGOU y que no obliguen a actuar al Ayuntamiento».
Sostiene el Gobierno local que «la libre concurrencia del procedimiento inicial de concesión debe de mantenerse», ya que «no posible mejorar unas condiciones durante una concesión porque provocaría que terceros pudieran ver vulnerados sus derechos o pretensiones», siendo obligación municipal que los principios de igualdad y libre concurrencia primen en todas las concesiones administrativas municipales.
Finalmente, ha señalado que «de la misma manera que al inicio del mandato se tomaron decisiones como la prohibición de macroconciertos en la playa Victoria, apagar los focos nocturnos del Paseo Marítimo y, a continuación, la prohibición de las barbacoas en la noche del Trofeo, se mantiene esta línea de protección y preservación ambiental de las playas de la ciudad y de su ecosistema, fomentando su uso libre como espacio público y otras actividades sostenibles».
