Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros exaltos cargos del Gobierno andaluz, volverán este lunes al banquillo de los acusados en la recta final del juicio del caso ERE, en el que se enfrentan a hasta ocho años de cárcel por prevaricación y malversación.
Tras diez meses de juicio llega el momento clave, en el que las partes expondrán sus conclusiones en informes finales sobre la responsabilidad de los 22 acusados en la creación y mantenimiento del «procedimiento específico» con el que del 2001 al 2010 el Gobierno andaluz dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis y si sirvió para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria.
Será entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares de PP-A y Manos Limpias expongan si mantienen su acusación contra los 22 procesados, por los mismos delitos y con la misma petición de penas, o si a tenor de lo declarado por los propios acusados, más de 120 testigos y 9 peritos, introducen cambios.
En sus escritos provisionales, el Ministerio Público y las acusaciones populares solicitaron 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exinterventor general Manuel Gómez, reclamaron seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Por los mismos delitos pidieron ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; los exdirectores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez.
Todas las defensas mantienen la inocencia de sus clientes y piden la absolución, unos defendiendo la legalidad del sistema -amparándose en normas varias, su conocimiento por el Parlamento y la inexistencia de alerta del Interventor de riesgo de menoscabo de fondos públicos- y otros negando su competencia para decidir cómo se daban las ayudas o «cortar el grifo».
Las partes expondrán primero las conclusiones finales, donde pueden ratificar las iniciales o introducir modificaciones, aunque necesariamente para retirar acusaciones o incrementar la petición de penas, también pueden cambiar el relato de los hechos en el que se basan en función de lo que consideran acreditado en el juicio.
En caso de cambios por parte de la Fiscalía, algunas defensas pedirán suspender el juicio para estudiarlos y responder en sus conclusiones, si bien el tribunal está decidido a cumplir el calendario y acabar el juicio a finales de noviembre.
Tras las conclusiones, las partes expondrán sus informes finales, más extensos, en los que argumentarán según lo visto en el juicio por qué mantienen sus acusaciones y defensas, una exposición para la que el fiscal prevé que necesite tres o cuatro sesiones y el PP-A un par de ellas ya que las acusaciones deben acreditar los indicios de delitos que ven en cada uno de los 22 procesados.
Posteriormente será el turno de las defensas, cada una centrada en su cliente, y tras ello el tribunal dará a los acusados un turno por si quieren ejercer el derecho a una última palabra.
La mayoría ha adelantado que seguirán las instrucciones de sus abogados y no es previsible que muchos hagan uso de este derecho, aunque algunos, como el interventor, podría decir algo.
Tras ello, el juicio quedará visto para sentencia en una fecha muy próxima a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, y el tribunal se retirará a deliberar para dictar un fallo que tardará meses en conocerse.
