El expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell ha asegurado hoy a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que «en ningún caso» se va a fugar y que carece de fortuna en el extranjero, por lo que le ha vuelto a pedir, esta vez en persona, que le deje en libertad.
El letrado Andrés Maluenda ha informado a los medios del contenido de la declaración de Sandro Rosell ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia, donde estaba citado como investigado por el blanqueo de 15 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña de fútbol.
Según su abogado, la citación se produjo con motivo de unos «pretendidos hechos nuevos» en torno a «un préstamo» que Rosell «recibió y devolvió» pero, a su juicio, el investigado ya había dado explicaciones sobre este hecho porque «ya constaban en la causa», por lo que les ha sorprendido mucho este emplazamiento.
Por lo tanto, Sandro Rosell ha aprovechado esta declaración para pedir, esta vez de manera «personal», su puesta en libertad alegando que los dos principios en los que se basa Lamela para mantenerle en prisión, el riesgo de fuga y su supuesta fortuna en el extranjero, son «inexistentes», así como la comisión del supuesto delito de blanqueo.
La semana pasada, la Sala de lo Penal rechazó una vez más la excarcelación del expresidente al entender que, como sostiene la Fiscalía, existe un riesgo de fuga «altamente probable», sobre todo teniendo en cuenta que acumula grandes cantidades de dinero en el extranjero, lo que le llevaría a eludir la acción de la Justicia y a instalarse en otro país.
Esta parte considera que el llamado «elevadísimo riesgo de fuga» según la resolución de la Sala es «una percepción inamovible» de la jueza, pero ha afirmado que su cliente no se va a fugar, sino que «va a afrontar el caso con toda la tranquilidad del mundo», pero le gustaría poder hacerlo desde casa.
En cuanto a «la fortuna» que a su representado se le presupone, el abogado ha explicado que desde la detención del expresidente el 23 de mayo del año pasado, su equipo jurídico ha aportado numerosos «escritos y pruebas» que certifican que «no hay ni un céntimo», por lo que considera que la tesis del fiscal es «errónea».
El resto de la acusación, según este letrado, también ha quedado «desbaratada» durante este año con «documentos, testigos y certificados» que han demostrado que la interpretación del fiscal de los hechos, supuestamente ocurridos hace 12 años, no se sostiene.
El abogado ha defendido que si se pone «en tela de juicio lo que dice la fiscalía» es necesario dar a su cliente las garantías necesarias para defenderse y estas pasan por su puesta en libertad hasta que concluya la investigación, extremo en el que seguirán trabajando.
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