La Comisión de Justicia del Senado ha dado luz verde al dictamen de la ley que deroga la sedición y rebaja las penas por malversación, una iniciativa de la que, por decisión del Constitucional, se ha eliminado la reforma con la que la coalición de gobierno buscaba renovar ese tribunal.
El auto dictado por el Constitucional a petición del PP ha obligado al Senado a tramitar la iniciativa recortada y ha dado la vuelta al debate, dominado por las críticas de la mayoría parlamentaria a lo que considera una grave interferencia de los magistrados en el poder legislativo.
Por mayoría, la Comisión de Justicia ha rechazado los cinco vetos presentados -por PP, Vox, Junts, Ciudadanos y UPN- y todas las enmiendas registradas a la proposición de ley, que llegará al pleno el jueves.
El dictamen de la iniciativa, que convierte la sedición en un delito agravado de desórdenes públicos, con una pena máxima de 5 años frente a los 15 del actual Código Penal; y rebaja a un máximo de 4 años la cárcel para la malversación sin ánimo de lucro, ha recibido 16 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
El portavoz socialista, José María Oleaga, ha centrado su discurso en la resolución del Constitucional, un «atentado contra la democracia parlamentaria» sin haber escuchado ni al Congreso ni al Senado.
Oleaga, que ha recordado que en el origen de todo esta crisis está el bloqueo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha mostrado convencido de que «la democracia prevalecerá», porque los demócratas están más unidos que nunca para revertir esta situación.
Por su parte, el portavoz del PP, Fernando de Rosa, sobre los ataques a los jueces y al Constitucional, ha reivindicado la supremacía de ese tribunal como garante de la interpretación de la ley y ha dejado claro que los populares acudirán todas las instancias posibles para defender sus derechos, también a Bruselas: «No debemos volver a la ley de calle», ha manifestado.
De Rosa ha considerado que la reforma del Código Penal es una proposición «arbitraria» para continuar en el poder, y ha centrado sus críticas en la reforma de la malversación: «No se puede rebajar jamás la pena a los que utilizan el dinero público con una finalidad diferente a la marcada en la ley»; «no puede haber corrupción buena o mala».
Pero la mayoría de los portavoces se han centrado en la crisis institucional abierta.
La senadora de ERC Laura Castel ha calificado el auto del Constitucional de «veto en toda regla» a una iniciativa parlamentaria. «El edificio está colapsando, estamos viviendo el fin de la reputación del Estado español», ha alertado.
También el PNV ha arremetido contra la decisión del TC, usado por PP «sin escrúpulos» para derribar a la oposición política. «El PP lleva cavando mucho estas trincheras», ha criticado la senadora Estefanía Beltrán de Heredia antes de mostrar su apoyo a la reforma del Código Penal.
El veto de Junts, que rechaza esa reforma porque sigue criminalizando el 1-O, ha sido defendido por el senador Josep María Cervera, quien ha recalcado que fue la «política española» la que dio «barra libre a la cúpula judicial» para frenar el procés, una cúpula judicial que ahora ha «secuestrado la democracia».
También ha sido rechazado el veto de UPN, que ha considerado que la decisión del Constitucional, aunque inédita, no era arbitraria y ha tachado la tramitación de la iniciativa legal de «auténtico atropello»
«La Constitución no es palabra de Dios y el Tribunal Constitucional tampoco es infalible», ha advertido el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez.
LA MESA DEL SENADO ACATA LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL
La Mesa del Senado acordaba previamente continuar con la tramitación de la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y toca el de malversación, sin las enmiendas que paralizó el Pleno del Tribunal Constitucional sobre la renovación del propio tribunal.
Así lo ha acordado este órgano, que se ha reunido antes de que se produzca la cita de la Comisión de Justicia. Esta decisión ha salido adelante gracias a la mayoría que conforman el PSOE y el PNV en la Mesa del Senado, frente al rechazo del PP, según han informado fuentes parlamentarias.
De este modo, la Mesa del Senado ha dado luz verde a que se reúna la Comisión de Justicia para que se encargue de separar del resto de la proposición de ley las enmiendas sobre las que el Tribunal Constitucional emitió sus cautelarísimas y decidió paralizar.
Así, continúa la tramitación en el Senado del resto de la proposición de ley que deroga el delito de sedición y rebaja las penas del delito de malversación, de modo que, si la Comisión de Justicia da luz verde este martes al dictamen, la reforma del Código Penal iría al Pleno del Senado este jueves 22 de diciembre, aunque sin las enmiendas paralizadas por el Constitucional.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó en la noche de este lunes por 6 votos frente a 5, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
Tras esto, el presidente del Senado, Ander Gil, decidió emitir una declaración institucional en la que afirmó que acataría la decisión Constitucional, pero anunció que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudiarán las vías «para preservar la autonomía parlamentaria
Además, la Mesa del Senado ha acordado, con los votos a favor de PSOE y PNV frente al rechazo del PP, personarse en el recurso de amparo por el que el Pleno del Tribunal Constitucional decidió paralizar la reforma en las Cortes del propio tribunal.
