El Ayuntamiento de Cádiz ha exigido a la Junta de Andalucía que «dé marcha atrás» en su «amenaza» de recurrir la modificación del Plan General Urbana (PGOU) aprobada por el Pleno para limitar la proliferación de pisos turísticos y proteger el derecho de los gaditanos y gaditanas a vivir en su ciudad. El Equipo de Gobierno avisa al Gobierno andaluz del PP que irá «a los tribunales o donde haga falta» en defensa del interés general y de un turismo de convivencia frente a un turismo «descontrolado o de masas», con la tranquilidad, además, de que hay sentencias del Tribunal Supremo que se pronuncian a favor de las limitaciones municipales a las viviendas turísticas.
En rueda de prensa, la portavoz del Equipo de Gobierno, Lorena Garrón, y el edil de Urbanismo, Martín Vila, han informado de que se ha recibido en el Ayuntamiento un informe «falto de rigor» de la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía en el que anuncia su intención de recurrir la modificación del PGOU. Los ediles han calificado este hecho de «surrealista» teniendo en cuenta que hasta tres consejerías de la Junta de Andalucía han informado favorablemente la modificación del PGOU en el trámite de información pública.
En este sentido, han recordado que la Consejería de Salud reconocía que dicha modificación urbanística «mejora la salud pública», desde la Consejería de Fomento se decía que la modificación es «correcta» y desde la de Turismo se indicaba que la modificación «es correcta y que no invade competencias». Se da la circunstancia, además, de que en el proyecto de Decreto de apartamentos turísticos y de viviendas con fines turísticos de Andalucía que promueve la Consejería de Turismo se plantean más restricciones incluso al acceso y el ejercicio de esta actividad amparándose precisamente en la defensa del interés general.
Vila ha detallado que el informe de la agencia de la Consejería de Economía y Hacienda ha obviado el expediente completo de la modificación del PGOU y argumenta su «amenaza de recurso» en que puede suponer «restricciones al mantenimiento de una competencia efectiva», que supone «barreras de entrada y requisitos de ejercicio a los operadores económicos del sector de alojamiento turístico» y que puede entrañar un «cierre de mercado» que favorezca a los operadores ya establecidos, además de que las personas consumidoras tengan que pagar más por las VFT.
Al respecto, el edil ha subrayado que el «primer error de bulto» es que la agencia trata de argumentar este «despropósito» en su informe considerando las viviendas con fines turísticos (VTF) como una actividad económica cualquiera ejercida por una empresa y, además, justifica la necesidad de «garantizar la competencia real y efectiva» en el «principio de libertad de empresa».
Así, ha recordado que las VFT son una actividad ejercida por particulares, no por empresas, y resulta contradictorio que le quieran reconocer los beneficios de las empresas cuando no tienen ninguna exigencia. Se da el caso de que la normativa de Turismo establece una diferencia entre los establecimientos de alojamiento turístico (cuya titularidad es necesariamente de una empresa) y las viviendas turísticas (actividad ejercida por el propietario, que es una persona cualquiera y que, entre otras cuestiones, no aplica IVA).
Por tanto, el Equipo de Gobierno entiende que la agencia debería preocuparse de que las VFT suponen una «competencia desleal» respecto a los establecimientos de alojamiento turístico. La modificación del PGOU de Cádiz, al equiparar ciertas exigencias de las VFT a los establecimientos de alojamiento, «está reduciendo ese agravio», por lo que «tendrían que felicitarnos por la iniciativa en lugar de intentar impugnarla».
Además, han resaltado que el argumento del supuesto «cierre de mercado» cae por su peso, ya que se han seguido concediendo licencias de pisos turísticos desde que entró en vigor la moratoria. Según ha explicado Vila, más de 15 propuestas de pisos turísticos se han reconvertido a promociones de vivienda y, al mismo tiempo, locales vacíos o fincas no residenciales están albergando usos turísticos.
Por tanto, lo que se consigue con la modificación del PGOU es «equilibrar el derecho a vivir en Cádiz con la economía» y limitar la actividad para que la ciudad no se convierta «en un parque temático». Lo que busca la iniciativa es eliminar la presión turística de gran parte del suelo residencial y «proteger a los vecinos y vecinas de Cádiz de una especulación sin control que los expulse de sus barrios».
Garrón ha lamentado este «nuevo golpe que el PP y la Junta de Andalucía quieren asestar al municipalismo y a la autonomía local», criticando que prefieran «alinearse con la especulación que ponerse del lado de la gente». Por ello, ha exigido a la Administración autonómica que «dé marcha atrás», advirtiendo de que el Ayuntamiento llegará «donde haga falta» para defender un turismo equilibrado y de convivencia para que «Cádiz conserve su identidad y que sea la ciudad de su gente y para su gente» desde el convencimiento de que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado.
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