El concejal de Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, ha anunciado que, ante los impagos a su plantilla por parte de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad en determinadas dependencias municipales, el Ayuntamiento ha decidido no aplicar la prórroga de dos años prevista en el contrato una vez que éste finalice el próximo mes de mayo. Por ello, está ultimando un nuevo pliego para volver a sacarlo a licitación, al tiempo que se están arbitrando las medidas necesarias para garantizar el servicio y los pagos pendientes a los trabajadores.
En el transcurso de un encuentro con los representantes de los trabajadores mantenido hoy, Quirós les ha explicado que el Ayuntamiento «ha estado en todo momento encima de la empresa para tratar de garantizar el cumplimiento del pliego, llegando a hacerle requerimientos por escrito en este sentido y también ante la Inspección de Trabajo».
El concejal ha dejado claro que la situación actual responde «a dificultades económicas de la empresa que, en ningún caso, tienen que ver con el pliego». No obstante, para garantizar los servicios y los pagos a los trabajadores, el Ayuntamiento está articulando medidas que le permitan asumir los impagos subsidiariamente, tal y como ya se hiciera en su día con el servicio de limpieza de las dependencias municipales para «no dejar en la estacada a sus trabajadores y trabajadoras».
Los representantes de la plantilla han expresado su satisfacción ante las medidas planteadas por el Ayuntamiento para dar respuesta a su situación, que incluye volver a sacar a licitación el servicio para que pueda estar resuelto para cuando finalice el actual contrato. En este sentido, Quirós ha avanzado que se reforzarán los requisitos de solvencia de las empresas para evitar que se repitan situaciones como esta.
Cabe señalar que la empresa Mersant Vigilancia, que adeuda a sus trabajadores la nómina de diciembre y la paga extra, no trabaja únicamente para el Ayuntamiento de Cádiz, sino que presta también sus servicios para otros como el de Chiclana, para la Junta de Andalucía y numerosas dependencias de la Administración General del Estado estando todas ellas afectadas por la situación empresarial.
