Nuestro Estado de Derecho contempla en el apartado 2 del artículo 28 de la Constitución Española, el reconocimiento al derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses y también manifiesta que la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
En estos días, las mesas de negociación colectiva de los convenios han estado “moviditas” y en ese tira y afloja que las partes de un convenio colectivo deben negociar, no podía esperarse, pues ha sido una sorpresa, que lo que no se llegaba a acuerdos en las mesas negociadoras, paralelamente unos trabajadores tomaran las calles para reivindicar un mejor convenio colectivo dentro de la legitimidad que ello conlleva, pero lo que no esperaban ni los propios trabajadores y menos la ciudadanía es que se convirtieran las calles, en este caso, de Cádiz y su provincia, en un batalla campal, donde los derechos de los ciudadanos no afectados por ese convenio, no tuviesen la garantía para el mantenimiento esencial de sus servicios. Es decir, mientras que se pide algo no se puede perjudicar a quienes no forman parte de esa plataforma reivindicativa y es lo que ha ocurrido, ya que hemos comprobado que toda norma establecida y donde la libertad es de todos, se ha vulnerado, de una forma salvaje, los derechos de la ciudadanía.
No voy a entrar en la cuantía mayor o menor que un convenio puede tener, pues si uno reivindica una cantidad y el otro no puede darla, nos encontramos en un compás de espera que sólo el diálogo y las buenas costumbres hacen llegar a acuerdos que siempre serán mejores que un buen pleito. Por tanto, no pueden esos “piquetes informativos”, convertidos en piquetes salvajes, atemorizar a la población, no dejarla circular libremente por la vía pública, quemarles los coches que muchos los están pagando con sacrificios o quemar y partir el mobiliario urbano que a la postre lo pagamos todos, en especial quienes han estado atemorizados y coaccionados, por no poder tener lo más esencial que es la libertad de movimientos.
Sobre las huelgas se ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional y está regulado este derecho por un Real Decreto Ley de 1977, que si bien podría ser preconstitucional, el legislador no lo ha modificado en el “corazón” de su contenido y, lógicamente, ha dejado a los tribunales muchos canales abiertos para regular cada momento y cada situación, pues existe hasta un Auto del Tribunal Constitucional de 9 de marzo de 1992 que regulaba los accesos a una factoría y advertía de las consecuencias graves de no dejar libremente a que unos trabajadores pudieran no ir a la huelga, pues era también un derecho de éstos. Pero no, aquí en Cádiz y su Bahía se pretendió por parte de los provocadores cortar ambas vías de acceso a la ciudad como son los dos puentes que atraviesan la Bahía y como no consiguieron dicho objetivo, destrozaron todo lo que encontraban a su alcance e inclusive la policía que velaba por los derechos de los que no estaban en huelga, recibió contundentes agresiones y toda clase de improperios, pedradas y objetos contundentes de manera indiscriminada y hasta por utilizar una tanqueta en Puerto Real, les decían que actuaban como si ello fuese una guerra, cuando dicha tanqueta solo servía para abrir las calles que estaban llenas de obstáculos y contenedores esparcidos y lo que no utilizaron, pese a tener ese derecho, es a defenderse con chorros de agua. Es decir, ante ese brutal ataque, la defensa y el orden estaba por encima de todos.
Nueve días de calles cortadas, nueve días de suspensiones de citas médicas, nueve días de no poder circular por la ciudad, nueve días de no poder asistir a ese derecho que tenemos de cubrir nuestras necesidades de compra, nueve días de no llevar a cabo los trámites legales ante los organismos y un etcétera que contiene los nueve días que han supuesto pérdidas económicas incalculables y morales, pero claro, el interés de la minoría se ha querido anteponer, ilícitamente con intimidación, al interés general del resto de los ciudadanos.
A nuestro Estado de Derecho lo han querido debilitar y para colmo, las instituciones y sus representantes, como es el caso del Alcalde de Cádiz, que representa a todos los gaditanos, buscando el hueco demagógico y provocando a quienes quieren el orden, se convirtió, con un megáfono, en un vocero más provocando a su antigua usanza, de liberado sindical, la agitación y el desorden. Lo que, en resumen, tras un acuerdo negociado en la mesa adecuada y ratificado por la mayoría, ya el conflicto ha decaído, pero ahora vendrán las secuelas, que no son otras que, posiblemente, algunas empresas que encomienden trabajos a este sector rescindirán sus contratos para irse a otro lugar menos conflictivo y la guinda de esto es que no se harán muchos trabajos en el sector naval, porque se dirá que la conflictividad en Cádiz no garantiza los contratos.
En definitiva, me adhiero al acuerdo llevado a cabo y a la legítima huelga pacífica que se hiciera y repruebo las salvajadas habidas, pero las consecuencias que podamos tener a partir de ahora, el tiempo nos lo dirá.
Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.
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