Fernando Grande-Marlaska es el ministro que mayor desgaste político lleva a sus espaldas desde que se pusiera al frente del Ministerio del Interior en 2018. El ministro era firme candidato a salir del Gobierno en la remodelación llevada a cabo el pasado mes de julio por Pedro Sánchez, pero, para sorpresa de muchos, Marlaska continuó al frente de su cartera, lo que ha supuesto que sea el protagonista de nuevas polémicas y su dimisión sea una de las más demandadas por la oposición.
La última de ellas ha tenido lugar este miércoles, vinculada la supuesta agresión homófoba desarrollada en el madrileño barrio de Malasaña. El pasado domingo un joven denunciaba haber sufrido una agresión por parte de un grupo de ocho encapuchados vinculada a su condición sexual. Sin embargo, este miércoles el joven reconocía que las heridas habían sido consentidas mientras mantenía relaciones con otra persona.
El ministro Marlaska se convirtió en un ferviente defensor de la causa desde que se conocieron los hechos pero, cuando la Policía ha confirmado que el joven había reconocido haberse inventado la agresión, el ministro ha sido señalado directamente. La duda ahora, sobre la que ha preguntado el PP, es si el ministro conocía con anterioridad la nueva información aportada por la Policía.
Teodoro García Egea preguntaba: «¿Sabía Marlaska esta mañana, cuando acusó a otras formaciones políticas de generar odio, que todo era falso? Si lo sabía, mal; si no, peor»; haciendo referencia a las palabras del ministro en una entrevista concedida en la mañana del miércoles, horas antes de hacerse público que la agresión homófoba había sido inventada.
Marlaska apuntaba que seguían avanzando en «una investigación que es complicada y compleja», y que «antes o después quedarán los autores identificados». Además, el ministro acusaba a otras formaciones políticas de generar odio, en concreto afirmando que Vox «juega al límite» en cuanto a la diversidad y los valores democráticos, y vinculando al partido con el «caldo de cultivo» que luego propicia que se «intensifiquen» discursos enmarcados en delitos de odio porque muestran un «desprecio al diferente».
Las polémicas que sitúan a Marlaska en la cuerda floja
Pero esta no es la primera polémica que rodea al ministro de Interior de Sánchez. Hace tan solo unas semanas, la fiscalía daba la espalda al magistrado al paralizar la devolución de menores a Ceuta, que había ordenado el propio Ministerio del Interior. Marlaska argumentaba su postura en un procedimiento firmado en 2007 con Marruecos, que la justicia española no consideró suficiente. La juez que suspendió la devolución de los menores dejó claro que la competencia del caso era de la Delegación del Gobierno en Ceuta, y que el acuerdo de 2007, al que se había acogido el ministro, era solo «una declaración de intenciones».
Tras esta polémica fue Ciudadanos quién pidió la dimisión del ministro. «La Justicia tumba los argumentos del Gobierno para tapar su negligencia en las repatriaciones de menores en Ceuta. No hay excusas. Marlaska debe dimitir tras este doble varapalo: ni hay excepción para saltarse trámites, ni es competencia del Gobierno ceutí», decía Edmundo Bal a través de Twitter.
El ministro de Interior de Sánchez también fue protagonista en las pasadas elecciones del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid. Marlaska recibió una carta con balas, algo que también le ocurrió al entonces candidato de Podemos, Pablo Iglesias, a la directora de la Guardia Civil, María Gómez, y a la ministra Reyes Maroto. La polémica se desató cuando desde el Gobierno intentaron hacer un uso político de la situación, insinuando que la responsabilidad de esas cartas estaba en la derecha, pero horas más tarde se descubrió que habían sido enviadas por un ciudadano con una enfermedad mental.
El magistrado ha recibido más varapalos judiciales, como ocurrió con los menores de Ceuta. Concretamente fue obligado a restituir en su cargo al jefe de la Guardia Civil en Madrid, el Coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue destituido por el propio ministro del interior. Una decisión calificada por la justicia como ilegal que obligó a Marlaska a dar marcha atrás.
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