El alcalde de Cádiz, José María González, ha pedido este jueves la dimisión de la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez y del director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Ignacio Romaní además de las disculpas públicas de Juancho Ortiz y el Partido Popular de Cádiz, «por su uso torticero de la justicia» tras su absolución por parte del Tribunal Supremo por el delito de calumnias por unas declaraciones sobre la gestión del PP en la sociedad Aguas de Cádiz durante los cortes de suministro de agua en el barrio de Loreto en octubre del año 2014. El alcalde ya fue absuelto en Primera Instancia junto al exconcejal Lolo González Bauza y el jefe de Gabinete José Vicente Barcia, y tras un recurso del PP ante la Audiencia Provincial fue condenado, decisión que ha sido revocada por el Tribunal Supremo.
«Esta denuncia no es una denuncia cualquiera. Es la denuncia en la que se ha basado todo este tiempo el PP para hacer política, para restregarme que me encontraba imputado, pese al criterio contrario del Juzgado de Instrucción número 3 que archivó la querella, pese al criterio contrario de varios fiscales», ha afirmado en su comparecencia José María González. «Ellos, que maltratatron a un barrio como Loreto y a su gente, encima, tienen la poca decencia de denunciar a quien arrojó luz al caso».
El alcalde de Cádiz ha pedido la dimisión de sus cargos públicos tanto de Teófila Martínez como de Ignacio Romaní, «no solo en mi nombre, sino en el nombre de los miles de ciudadanos que tuvieron que soportar durante días no beber agua en su casa porque estaba en mal estado, unos vecinos a los que luego se les cortó durante más de veinte días el suministro ante un enorme manto de silencio y oscurantismo».
González ha destacado la contundencia del Tribunal Supremo en el que sus cinco magistrados, por unanimidad, han acordado su absolución. «Ni un solo voto en contra, ni el menor atisbo de duda en que esta cruzada política del PP no tenía ni pies ni cabezas más allá de enturbiar y entorpecer».
José María González ha citado uno de los párrafos de la sentencia en el que se deja claro que «es muy dudoso que pudiera entenderse acreditado el conocimiento de que lo que decía era falso (en referencia al alcalde) o que actuara con temerario desprecio hacia la verdad (…), porque, ya desde el primer momento, comunicó que el informe se trasladaba a la Fiscalía, siendo la razón no solo su contenido técnico, sino que, desde el mismo se podía deducir con lógica que entre los días 29 de septiembre al 13 de octubre se realizaron análisis que dieron positivo, aunque no se comunicara a las autoridades sanitarias ni a la opinión pública, siendo razonable entender que los técnicos no lo ocultaron sino que lo habían comunicado a sus superiores políticos. Y también, porque el recurrente podía entender que si la ex alcaldesa había dicho que los análisis daban resultado de cero-cero, era porque sabía de su existencia».
Es decir, «el tribunal Supremo, igual que la jueza de lo Penal admiten que entre los días 29 de 9 y 13 del 10 se suministró agua no apta para el consumo», ha subrayado, «al mismo tiempo, que se hizo sin advertir de ello a las autoridades sanitarias, en este caso la Junta de Andalucía».
José María González se ha reafirmado en sus palabras de 2016 en las que «dije que existían análisis que dieron positivo, que invitaban a cortar el agua, y hubo una decisión política, repito, política, no de los técnicos y trabajadores de Aguas de Cádiz, sino de los políticos responsables de no hacerlo, y de ocultárselo a la Junta de Andalucía y a la ciudadanía».
González ha subrayado que «la Justicia da la razón a mis declaraciones» al tiempo que ha destacado que «lo que no se sabía entonces y ahora se conoce es que mientras no se invertía ni un sólo euro en el mantenimiento de las redes de suministro de la ciudad y, especialmente en los barrios obreros, Ignacio Romaní derrochaba el dinero público que debía destinarse a ello en gambas, Campari y comilonas».
Por todo esto, el alcalde ha insistido en pedir la dimisión de Teófila Martínez e Ignacio Romaní, «porque ambos después de esta gestión negligente, de esta persecución política, y a cambio de entorpecer la gestión municipal, tienen como premios cargos públicos a dedo y unos sueldos que alcanzan los 80.000 euros».
«Y lo solicito con la conciencia tranquila. La conciencia tranquila de quien puso la cara por sus vecinos, le dio la razón el juzgado y además su nombre está limpio, no aparece en los papeles de Bárcenas junto a la cifra de 30.000. Aún estamos esperando los gaditanos y gaditanas las explicaciones de Teófila Martínez, porque el suyo sí aparece», ha añadido. Por último, el alcalde ha recordado que «a los cargos públicos se le exige ejemplaridad, honestidad y que antepongan el interés colectivo y el interés común por encima del personal y del partido. Es evidente que no se cumplen los requisitos».
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