El juez ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para ocho de los detenidos por los graves disturbios del pasado sábado en Barcelona, en una causa que está abierta por los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentado a agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal.
Los detenidos, también acusados de delitos de daños, desórdenes públicos y manifestación ilícita, declararon este martes ante el juzgado de instrucción 17 de Barcelona, en funciones de guardia, aunque solo contestaron a las preguntas de su defensa, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Entre los detenidos hay seis jóvenes de nacionalidad italiana -cinco hombres y una mujer-, una joven francesa y otra de nacionalidad española.
Los Mossos d’Esquadra atribuyen a este grupo diversas acciones violentas durante los altercados tras una manifestación en la capital catalana para reclamar la libertad del rapero Pablo Hasél, entre ellas el incendio de una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona cuando un agente se encontraba en su interior, y que pudo salir del vehículo antes de sufrir daños.
Según los Mossos, los detenidos formaban parte de un grupo de ideología anarquista, que dan por desarticulado, y que actuaban «conjuntamente» y con un «grado de violencia muy elevado», dañando entidades bancarias, comercios o mobiliario urbano, y que supuestamente lideró los actos vandálicos más graves ocurridos en la capital catalana.
Según la Policía de la Generalitat, mientras algunos realizaban la acción vandálica, el resto les protegían y les daban cobertura, y les facilitaban la vía de salida para evitar su detención.
Ante esta situación, los Mossos desplegaron el pasado sábado un dispositivo específico para poder neutralizar a este grupo, lo que acabó con la detención de siete de sus supuestos integrantes, a los que posteriormente se añadió un octavo.
Tras las detenciones, agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos registraron el lunes dos naves industriales ocupadas situadas en Canet de Mar y Mataró, en la comarca barcelonesa del Maresme, en presencia de los arrestados, para recoger pruebas e indicios que los relacionen con su supuesta trayectoria delictiva.
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