La Junta de Andalucía y el sector agrario andaluz han remitido esta mañana un escrito al Ministerio de Agricultura en el que muestran su rechazo unánime al texto definitivo del real decreto de transición de la PAC remitido ayer a las comunidades autónomas, minutos antes de la celebración del Consejo Consultivo de Política Agraria, y que podría llevarse al Consejo de Ministros del próximo martes 26 de enero para su aprobación.
De esta forma, la Mesa de Interlocución Agraria Andaluza, formada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ha querido trasladar al Ministerio su desaprobación al proyecto de real decreto por el que se regulará las ayudas de la PAC para las compañas de 2021 y 2022, ya que plantea «una aceleración brusca de la convergencia, que tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces».
En el escrito acordado ayer tarde por la Mesa de Interlocución, la consejería que dirige Carmen Crespo y el sector agrario de Andalucía demandan al unísono la modificación del real decreto elaborado por el Ministerio y que se siga aplicando el modelo de convergencia aún vigente, hasta que se llegue a un acuerdo con las comunidades autónomas. En definitiva, piden que se actúe tal y como se hizo en 2015, cuando se consensuó un sistema de convergencia parcial y progresivo que permitiera a los productores una adaptación paulatina de sus explotaciones.
En este sentido, las organizaciones y cooperativas agrarias y la Consejería de Agricultura recuerdan que en septiembre del año pasado manifestaron su disconformidad a este «drástico cambio en el modelo de convergencia», que ya se recogía en el borrador del real decreto remitido por el ministerio, al tiempo que desde Andalucía se plantearon modelos alternativos que evitasen perjuicios a los agricultores y ganaderos de la comunidad. En cambio, el texto final enviado a las comunidades mantiene «inalterado» la convergencia «acelerada y profunda» de los derechos de pago básico.
A este respecto, la Mesa de Interlocución pone el acento en que el Ministerio plantea una convergencia del 25%, lo que supone multiplicar por cuatro la convergencia del marco anterior, que fue del 6%. «La velocidad de convergencia se incrementa por un factor superior a cuatro y se eliminan las restricciones frente a pérdidas», subraya el documento, que hace hincapié en que habrá determinados tipos de explotaciones «que verían sus niveles de renta muy comprometidos».
Preocupante preludio
Junta y sector agrario consideran, además, que este cambio brusco en el modelo de convergencia para un periodo que «debe ser de simple transición», altera el punto de partida sobre el que se aplicará la nueva PAC, al condicionar los debates sobre el plan estratégico nacional.
En esta línea, la consejería, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía insisten en que las recomendaciones y el reglamento transitorio de la propia Unión Europea indican simplemente que se siga avanzando en la convergencia e, incluso, permite a los estados miembros mantener los derechos en su valor de 2020.
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