El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que reforma algunos aspectos del permiso por puntos que figura en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con el objetivo de endurecer y penalizar algunas de las conductas al volante que causan más accidentes en carretera.
El Gobierno propone aumentar los puntos a detraer por comportamientos que generan más riesgo para la conducción e impulsar los cursos de conducción segura como fórmula para mejorar la formación vial de los conductores.
Así, conducir sujetando dispositivos de telefonía móvil con una mano supondría hasta 200 euros y seis puntos menos (en vez de los 200 euros y tres puntos actuales) y no llevar puesto el cinturón de seguridad, el sistema de retención infantil, el casco y otros elementos de protección restaría cuatro puntos en el permiso (en lugar de los tres de ahora). Respecto al uso del teléfono móvil, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió el endurecimiento de las sanciones debido a la utilización de aplicaciones móviles de mensajería instantánea (del tipo WhatsApp), lo que hace imprescindible regular el uso del teléfono móvil en otro tipo de circunstancias aparte de la de mantener una conversación telefónica sin utilizar el sistema «manos libres».
Una vez que entren en vigor las nuevas sanciones, nos pueden poner una multa por manipular el teléfono móvil en el coche, incluso aunque estemos parados, por ejemplo, en un semáforo en rojo o en un atasco.
La DGT justifica esta medida porque la utilización del móvil mientras se conduce genera un elevado riesgo de distracción, según datos que aportan los diferentes estudios realizados. Según se desprende de los datos del proyecto ESRA (Encuesta sobre Actitudes de los Usuarios de la Vía), realizada en 38 países, el 56% de los españoles declara haber hablado por móvil «manos libres» durante la conducción en el último año (Media europea = 51%) y el 35% reconoce que lo ha hecho con un móvil «sin manos libres»; asimismo, el 36% de los conductores españoles reconoce que ha leído mensajes de texto alguna vez en el último año y el 26% que los ha enviado.
Detectores de radar y fraudes en los exámenes
Además, sería una infracción grave llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros (500 euros de sanción y tres puntos menos). Ahora está sancionado su uso durante la conducción, pero la DGT indica que los conductores los desactivan ante un control vial para que los agentes acrediten su utilización.
La reforma incluye una nueva infracción muy grave, definida como «cometer fraude en los exámenes de conducir utilizando dispositivos de intercomunicación no autorizados». En este caso la sanción será de 500 euros y 6 meses sin poder presentarse al examen de conducir.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que este paquete normativo aprobado quiere «dar un impulso a la seguridad de todos usuarios de la vía pública» y ha destacado que aborda alguna de la áreas relacionadas con la seguridad vial que «más afectan» al objetivo del Gobierno de «reducir la siniestralidad vial para rebajar el número de muertos y heridos graves» en las carreteras.
«Las víctimas de lo que queremos y debemos denominar violencia vial. El recuerdo doloroso de tantas y tantas vidas truncadas en la carretera son y serán siempre el catalizador que nos impulsa a seguir mejorando en este ámbito y que nos empuja a seguir perseverando«, ha declarado.
Preguntado sobre si no sería preferible avanzar en el modelo de limitar la movilidad de los coches en la ciudades, el ministro ha respondido que la reforma se ha basado en los «principios fundamentales» como son lograr «una movilidad conectada, segura y sostenible».
Otra pata del paquete legislativo es un real decreto sobre medidas del tráfico urbano que modifica tanto el Reglamento General Circulación como el Reglamento General de Vehículos. Esa norma fija tres límites genéricos de velocidad en las vías urbanas (actualmente hay uno y es de 50 km/h): 20 km/h para las calles de plataforma única de calzada y acera, 30 km/h para las de un único carril por sentido de circulación y 50 km/h para las de dos o más carriles por sentido.
Esos nuevos límites entrarán en vigor seis meses después de la publicación del real decreto en el BOE, lo que podría ser una realidad a finales de la próxima primavera. Y supondría que la mayoría de las calles rebajen el tope de 50 a 30 km/h. «La experiencia nos demuestra que bajar la velocidad de 50 a 30 km/h disminuye cinco veces el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello«, comentó Marlaska, antes de agregar que esa medida »no ralentiza el tráfico urbano« y »no impide la fluidez de la circulación«.
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