La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito interno a la Fiscalía General en el que informa en contra de la petición de investigar en el Supremo al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por presuntos delitos relacionados con la investigación del llamado caso Dina.
Según han confirmado a Efe fuentes fiscales, la Fiscalía del Supremo solicitó ese escrito a Anticorrupción al haber sido la que ha llevado este caso desde su origen en la Audiencia Nacional en el seno del caso Villarejo, en cuyo marco se abrió la pieza Dina sobre el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham.
La Fiscalía Anticorrupción, que fue la que pidió al juez Manuel García Castellón que retirara a Iglesias la condición de perjudicado en el caso Dina ante las contradicciones apreciadas, también reclamó ya entonces al magistrado que llamase a declarar a Bousselham para que esta pudiera señalar si decidía emprender acciones legales contra Iglesias o aceptaba su perdón, con lo que ya no se le podría investigar por un delito de descubrimiento o revelación de secretos.
El juez se negó entonces a citarla por considerarlo «precipitado» y siguió instruyendo la causa hasta concluir en su exposición razonada al Supremo que Iglesias usó a sabiendas de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral ante los comicios de abril de 2019.
Además de por el delito de revelación de secretos, con agravante de género, por haberse quedado con la tarjeta del móvil tiempo después de recuperarla de manos del presidente Grupo Zeta, el juez considera que habría que investigarle también por un delito de daños informáticos en relación al estado que presentaba la tarjeta entregada a Dina, y por acusación o denuncia falsa y/o simulación delito (por el presunto uso fraudulento de este caso).
En su escrito, según ha adelantado La Vanguardia, Anticorrupción muestra su disconformidad con el dictamen de García Castellón y reitera que la revelación de secretos decae con el perdón de la presunta agraviada, y que ella misma formuló en una carta remitida a Castellón en la que exculpaba a Iglesias de lo ocurrido con la tarjeta.
Sobre el delito de daños informáticos recuerda la existencia de un informe de policía científica que concluye que no se puede acreditar que la tarjeta de Bousselham sufriera daños que no fueran los que sufrió al remitirla ella a una empresa especializada para tratar de recuperarla.
La Fiscalía además discrepa con la decisión del juez de enviar este asunto al Tribunal Supremo antes de agotar la vía ordinaria para profundizar en la investigación, en la que García Castellón ha incluido también a no aforados, los letrados de Podemos Marta Flor Núñez, que ha ejercido como abogada de Iglesias y Bousselham, y Raúl Carballedo.
Anticorrupción, que descarta por tanto los delitos de revelación de secretos y de daños informáticos, cree respecto a los de falso testimonio o simulación de delito que García Castellón tendría que haberse inhibido en favor de un juzgado ordinario para, una vez instruido el caso, dirigirse ese otro juez al Supremo si apreciase la posible implicación de aforados en los hechos.
Además de Iglesias, el juez de la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que abra causa a otra aforada, la ex responsable de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo.
En este sentido, Anticorrupción reprocha que el magistrado pidiera la investigación de miembros del servicio jurídico de Podemos no aforados sin antes haberles escuchado. Ocho fiscales del Supremo analizarán la exposición razonada y este escrito de Anticorrupción para dar su opinión y orientar el criterio de la Fiscalía de cara al informe que le ha reclamado la Sala Segunda sobre la petición de García Castellón.EFE
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