La concejala de Enseñanza, Ana Fernández, ha denunciado públicamente que «el nuevo decreto del consejero de Educación, Javier Imbroda para favorecer los conciertos en la educación no obligatoria es un nuevo ataque a la Educación pública y de calidad por la que deben apostar las administraciones públicas».
Ana Fernández ha criticado el nuevo decreto que «no hace otra cosa que persistir en la hoja de ruta privatizadora de la Educación del gobierno de Ciudadanos y PP que el propio Partido Popular instauró en Madrid y que ha demostrado ser un verdadero fracaso».
La concejala ha explicado que «Javier Imbroda, no contento con no dar soluciones y descargar en todos los centros educativos los protocolos anticovid, no contento con no atender a las demandas de los centros con una reducción de la ratio o no atender las reclamaciones de los padres y madres del alumnado con necesidades educativas especiales para que sus hijos reciban la educación que necesitan, abre ahora un nuevo frente con la comunidad educativa con este decreto que estabiliza un modelo privado frente a la falta de recurso que aporta la Junta de Andalucía a la escuela pública».
A juicio de Ana Fernández, «este nuevo decreto va a suponer un incremento del número de conciertos educativos en Andalucía. Además contempla criterios de concesión de conciertos que garantizan la extensión y estabilización de la red de centros concertados existentes, mediante renovaciones, actualizaciones y ajustes a las demandas de empleabilidad, entre otros criterios».
Para la también portavoz del Equipo de Gobierno, «la Junta sigue persistiendo en su idea de privatizar la educación en Andalucía. Ya comenzó esta andadura con el Decreto de Escolarización, aprobado el pasado curso, cuyo único objetivo era favorecer a la red privada-concertada y que provocó el 4 de marzo de 2019 la primera gran huelga de todos los sectores de la escuela pública al actual gobierno del PP y Ciudadanos».
Fernández ha instado al consejero a que «dé respuesta a los graves problemas que está manifestando la comunidad educativa y dote de los recursos necesarios a todos los centros públicos para que puedan adoptar las medidas pertinentes para ofrecer una educación pública, digna y de calidad».
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