El alcalde de Cádiz, José María González, ha mostrado su satisfacción ante la no aprobación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto que el Gobierno Central junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quería imponer y que «recogía un reparto injusto y discriminatorio en el modelo de ayudas contra la Covid-19».
José María González ha afirmado que «no se podía aprobar en España un fondo de emergencias de ayudas a los ayuntamientos basados en criterios discriminatorios. El Real Decreto proponía un reparto de 5.000 millones de euros sólo para aquellos ayuntamientos que hayan tenido superávit lo que significa una vulneración del principio de igualdad entre municipios y ciudadanía». En este sentido, González afirma que «23 ayuntamientos que representan a 11 millones de habitantes, nos reunimos, presionamos y al final han tenido que escucharnos».
Ante este nuevo escenario, el alcalde de Cádiz ha señalado que «planteamos tres líneas de acción». La primera de ellas, «que se aprueba un nuevo Real Decreto que contemple ayudas a los ayuntamientos basándose en criterios no discriminatorios como puede ser el volumen de población». Además, «pedimos que se derogue el artículo 135 de la Constitución Española que prioriza el pago de la deuda por delante de cualquier proyecto que se pueda emprender desde lo municipal» y por último, «la derogación de la Ley Montoro que estrangula y encorseta las arcas de los ayuntamientos».
La motivación de estas tres líneas, ha añadido el alcalde, «es la que ser una administración de primera necesidad que presta servicios a la ciudadanía y por tanto, necesitamos una financiación acorde a las prestaciones que realizamos en la ciudad y que en muchas ocasiones están por encima de nuestras competencias y nuestras posibilidades».
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