La Fiscalía ha pedido al juzgado de vigilancia penitenciaria que suspenda de forma inmediata el tercer grado a seis de los nueve presos del procés para evitar que la semilibertad que les concedió la Generalitat cree una «total sensación de impunidad», tanto para ellos como para la sociedad. En concreto, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha recurrido el tercer grado otorgado por la Generalitat el pasado 14 de julio al exvicepresidente Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, así como el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que solo van a prisión a dormir de lunes a jueves. Respecto de los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, también en tercer grado, la Fiscalía aún está estudiando su caso, según fuentes del ministerio público.
La Fiscalía ha interpuesto este martes sus seis recursos ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y valorará en su momento acudir en apelación ante el Supremo, que la semana pasada recordó que cuando existe un recurso de apelación sobre la clasificación de los presos comporta efectos suspensivos inmediatos. Pese a que la suspensión inmediata solo está prevista en recursos de apelación, la Fiscalía pide en sus escritos que el juez de vigilancia penitenciaria la acuerde ya para los seis presos. Según Fiscalía, la condena a prisión debe constituir un medio de utilidad social y de «intimidación al delincuente», causando la sensación de que su actuación tiene «consecuencias perjudiciales». Por este motivo, en sus recursos contra el tercer grado, en este caso el de Junqueras, la Fiscalía entiende que permanecer en prisión es el «único modo» de concienciar al «delincuente» de que «no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley». «La situación contraria, en tercer grado, en el presente caso en que el interno está plenamente integrado en la sociedad, supondría que la imposición del castigo a los culpables de este tipo de delitos quedaría impune y se produciría una desigualdad en la aplicación de la Ley», sostiene la Fiscalía.
El ministerio público recuerda que la mayoría de los presos del procés no han cumplido una cuarta parte de condena -solo los Jordis y Forn- y que no obstante ya se les ha aplicado el artículo 100.2, cuando estaban en segundo grado, para que salieran de prisión para trabajar o ejercer voluntariado, lo que es del «todo inusual». Además, denuncia que, transcurridos «tan solo» seis meses desde su clasificación inicial en segundo grado, todos los presos del procés han progresado a la semilibertad, y además a la vez, «lo que muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad».
La «prematura progresión» de los presos, primero con el «tercer grado encubierto» del 100.2 y ahora con el tercer grado, no busca su rehabilitación sino «única y exclusivamente» alterar la «decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento», avanzando así en el «objetivo de vaciar de contenido definitivamente y para todos los condenados» la sentencia del Supremo, según la Fiscalía. Y ello pese a que, según la Fiscalía, su tratamiento en prisión «ha fracasado» porque mantienen todos los déficit que les llevaron a delinquir, como la «falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia», la creencia en un «mandato superior del Parlament» por encima del mandato constitucional, así como la creencia de «poder arrogarse la capacidad para interpretar la voluntad popular».
Como ya hacía al oponerse al 100.2, la Fiscalía subraya que los presos del procés no pueden beneficiarse de la semilibertad que comporta el tercer grado si antes no han realizado un programa específico en prisión que les ayude a comprender que «para alcanzar los fines que pretenden, legítimos en la Constitución Española, no hay otra vía que la de la modificación legislativa por las vías legales que la propia ley establece». La Fiscalía recuerda que los presos del procés fueron condenados por sedición, por primera vez en la democracia española, un delito que por su «extrema gravedad» debe ser objeto de un «importante reproche», dado que el perjudicado es la estructura del Estado y la Constitución, por lo que no se puede transmitir a la sociedad que «haber convertido la propia voluntad en ley» fuera de los cauces legales puede quedar «impune». Además, insiste que en los presos independentistas no ha habido una «auténtica asunción delictiva», ya que pese a que reconocen los hechos y aceptan las consecuencias, algunos de ellos, como Junqueras, defienden que su actuación fue «legítima» y «ajustada a derecho», pese a que reconozca que la vía unilateral «impuesta por la fuerza» para crear una República catalana «no es viable».
De hecho, para la Fiscalía «no cabe mayor distorsión» sobre lo que ocurrió en la etapa del procés que cuando ahora Junqueras alega que es un «demócrata» que actuó «porque había un mandato superior», ya que, según el ministerio público, «lo democrático no es imponer la voluntad propia aprovechándose de la situación de poder que se ostenta convirtiendo su voluntad en ley, sino acatar las leyes y si no se comparten, procurar cambiarlas por los cauces legales». Además, advierte de que conceder el tercer grado solo porque los presos están plenamente integrados en su entorno, independientemente del grado de reconocimiento del delito que cometieron, generaría una «desigualdad insoportable», ya que «daría patente de corso a este tipo de delincuentes que no estén relacionados con la marginalidad social o económica, vaciando el sentido de la pena y el principio constitucional de igualdad ante la ley». EFE
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