La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) ha negado que el Ayuntamiento de Cádiz disponga de potestad legal para suspender y limitar la concesión de licencias de viviendas turísticas en el municipio, como ha anunciado que tiene previsto aprobar el Equipo de Gobierno en el Consistorio.
En un comunicado, la organización, que representa en Andalucía al sector de las viviendas turísticas, anuncia que ha presentado ante el propio Ayuntamiento gaditano un escrito de alegaciones fundado en Derecho en el que pone manifiesto que las competencias en materia de ordenación y planificación del sector turístico así como la regulación del régimen urbanístico del suelo y su propiedad son exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tal y como establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía en sus artículos 71 y 56.3, respectivamente.
AVVA ha indicado que “este intento de limitación a las viviendas turísticas en Cádiz es claramente inconstitucional y contraria a la Ley, ya que la materia de urbanismo, aparece recogida en el artículo 148.1 de la Constitución donde ordena que la materia de turismo es competencia exclusiva absoluta de las comunidades autónomas. Por ello, cualquier limitación relativa a las competencias autonómicas ejercida por la Administración local entra en clara contradicción con el orden de atribuciones que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía han fijado. Asimismo, desde el punto de vista urbanístico, tampoco es posible, desde el ámbito local, establecer un nuevo contenido al régimen jurídico de la propiedad del suelo, por no entrar dentro de las facultades que le son propias».
El presidente de AVVA, Carlos Pérez-Lanzac, ha lamentado que el anuncio del Ayuntamiento de Cádiz «haya provocado alarma en una población que más que nunca necesita activar su economía con los recursos turísticos de los que Cádiz es referencia internacional, poniendo con ello en riesgo a miles de empleos y la generación de riqueza en la ciudad”.
A la vez, AVVA ha criticado “la inconsistencia y consideraciones erróneas del informe de la empresa Ibermad en el que se apoya el Ayuntamiento para plantear medidas restrictivas a las viviendas turísticas”.
Así, la Ley de Garantía para la Unidad de Mercado sólo admite, según AVVA, l»ímites al acceso de una actividad económica cuando exista una razón que concierna al interés general, conforme a lo establecido en la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, es decir para cuestiones que afecten al orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural”.
Por ello, continúa el comunicado, «ninguna de las limitaciones contenidas en el informe de Ibermad puede ser alegable como justificación para adoptar una medida que, además, vulnera el hipotético principio de necesidad y proporcionalidad que se exige a la hora de establecer límites al acceso de una actividad económica o su ejercicio».
Por otro lado, AVVA ha subrayado que «a la hora de fijar medidas restrictivas para el ejercicio de una actividad, es preciso contar con estudios previos que avalen la necesidad y los criterios de oportunidad que justifiquen los límites propuestos».
“Sin embargo, el informe del que parte el Ayuntamiento retrata la realidad de 2019, muy diferente a la actual ya que el contexto socioeconómico y las previsiones en relación con la demanda turística han cambiado radicalmente desde marzo de este año”, ha señalado el delegado de AVVA en Cádiz, Luis López Laínez.
A la vez, AVVA ha criticado que «el informe de Ibermad parte de una serie de datos recogidos de distintas plataformas que no ofrecen total fiabilidad ya que, que se oferte un inmueble con su correspondiente número de identificador de vivienda turística, no siempre significa que esa vivienda se esté explotando todo el año. También es posible encontrar anuncios que no han sido dados de baja y que realmente no ofrecen servicio o posibilidad de reserva. Igualmente, es probable que un mismo piso se anuncie en dos o tres plataformas distintas, lo que dificulta obtener una fotografía fiel».
Por otra parte, la asociación de viviendas turísticas ha asegurado que «no tiene ningún sentido relacionar las viviendas turísticas con el problema de la vivienda protegida en Cádiz ya que una vivienda protegida no puede ser nunca objeto de alquiler turístico, por lo que son ajenas a este tema».
AVVA ha pedido responsabilidad a los responsables municipales de Cádiz para no generar incertidumbre, inseguridad y ahuyentar de la ciudad un tipo de turismo de carácter familiar, que genera empleo y riqueza en la cuidad, que desconcentra las áreas saturadas, que desestacionaliza el flujo de afluencia de visitantes y que hace más competitiva a la ciudad de Cádiz como destino turístico.
Asimismo, el presidente de AVVA ha anunciado que, en caso de aprobarse las medidas anunciadas, pondrá en manos de los servicios jurídicos de la asociación el emprendimiento de las acciones de defensa legal que pudieran asistirle.
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