El Gobierno municipal denuncia la “incorrección institucional” de la Junta con los ayuntamientos de Andalucía, con motivo de la puesta en marcha de las denominadas ‘tarjetas-monedero’, a través de las cuales destinará 17 millones de euros a entidades sociales no gubernamentales para su reparto entre las familias andaluzas. En este sentido, el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, ha indicado que, “lógicamente aplaudimos cualquier acción social que se lleve a cabo para ayudar a las familias que peor lo están pasando, más aún en estos momentos de crisis económica propiciada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, está fuera de lugar que, en vez de ponerse en marcha esta iniciativa a través de los ayuntamientos, se haga directamente a través de colectivos sociales como Cruz Roja, que lógicamente tendrán que pedir ayuda a los Servicios Sociales de los ayuntamientos”.
“El PP en Andalucía pretende quitarle peso al papel de los Servicios Sociales Comunitarios para intentar hacer una gestión directa en los municipios, a través de un ente colaborador, negando las competencias que la Ley le confiere a los ayuntamientos”, ha expresado Francisco José Salado, quien ha incidido en que lo lógico sería que ese dinero llegara a todos los ayuntamientos de Andalucía y que estos los gestionase como viene siendo habitual en otras medidas sociales como la renta mínima de inserción social, las ayudas para menores, los centros asistidos, las personas dependientes y el largo etcétera de competencias que tienen los ayuntamientos en la leal colaboración con la Junta de Andalucía”. “No llegamos a entender que sea una ONG la que vaya a sustituir el papel de los ayuntamientos y de sus trabajadores sociales, por lo que entendemos que es absolutamente inasumible”, ha expresado.
Asimismo, el delegado de Servicios Sociales ha indicado que “este modelo de intervención social, de espaldas a los servicios ya puestos en marcha por la inmensa mayoría de los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, que ya disponen de similares recursos, además de no garantizar la universalidad y transparencia del sistema, incumpliría lo dispuesto en la ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que a través de diversos artículos (24, 25, 27, 31, 35 y 44) establecen la universalidad en el acceso a los servicios sociales y la gestión directa por parte de las administraciones públicas de las potestades administrativas”. “Además, también se incumple la Ley 4/2018 de Voluntariado de Andalucía, que establece que las actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las Administraciones públicas en el desarrollo de funciones”, ha añadido.
Por ello, el responsable del área ha recalcado que “el Gobierno de la Junta de Andalucía debería repensarse esta acción, para hacerlo en un planteamiento de lealtad con los ayuntamientos de la comunidad autónoma, que es precisamente lo que reclamamos”. “Esta tesis es la que defiende la práctica totalidad de los ayuntamientos y diputaciones provinciales de nuestra comunidad autónoma, así como el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz y de Andalucía en escrito público dirigido a la Junta y a los propios ayuntamientos”, ha aclarado Salado, quien ha lamentado que, “no obstante, desde el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla han hecho oídos sordos a esta reclamación. Un recurso social que no cuenta con el apoyo de las entidades locales, ni con el Colegio Profesional de Trabajo Social, ni de las propias organizaciones que conforman la Plataforma del Tercer Sector, no puede llegar a buen puerto”.
“Insistimos en que se debe reformular este proyecto a fin de garantizar la prescripción pública de los recursos, evitando duplicidades con recursos ya puestos en marcha a nivel municipal, garantizando el acceso universal y transparente de los recursos públicos, utilizando la puerta de entrada única de los Servicios Sociales para la adecuada cobertura de las necesidades sociales, sin menoscabar los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas”, ha concluido.
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