La Guardia Civil dice trabajar «para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». Esto aseguró este domingo el jefe del Estado Mayor del Instituto armado, José Manuel Santiago, en la rueda de prensa habitual de los miembros del gabinete de crisis del coronavirus. Una frase que soliviantó a la oposición, que tradujo sus palabras como un intento del Ejecutivo de controlar las numerosas críticas que le llegan. Tras el revuelo por sus palabras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo desautorizó y, junto a la responsable de Defensa, Margarita Robles, insistió en que el Gobierno defiende la libertad de expresión en todos sus términos y en que el estado de alarma no supone la restricción a un derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la Constitución. Llueve sobre mojado, porque el Ejecutivo ha cosechado una pila de reproches en los últimos días por la polémica pregunta que introdujo el CIS en su último barómetro sobre si es necesario limitar la libertad de información para frenar los bulos. La repercusión de las declaraciones del general obligaron a la propia Guardia Civil a lanzar ya por la tarde un comunicado para precisar que se monitorizan los bulos «que generan alarma social», «nunca la libertad de expresión».
Las palabras de este domingo el número dos de la Guardia Civil, al hilo del combate contra las ‘fake news’, fueron estas: «Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones, una a través de la Jefatura de Información con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de bulos. La otra línea de trabajo es minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos esos bulos los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales».
La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció a través de Twitter la petición de comparecencia del ministro del Interior, del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. «Una prueba dramática de la capacidad del Gobierno para pudrir las instituciones», apuntó en la red social, adjuntando en su mensaje el momento en vídeo de la comparecencia. Después, la cuenta del PP advirtió al Ejecutivo de que no puede «manchar el honor» de un cuerpo con 176 años de historia. Y finalmente el jefe de los populares, Pablo Casado, exigió a Sánchez que explique «si ha ordenado a los Cuerpos de Seguridad coartar la libertad de expresión de los ciudadanos en redes sociales para tapar sus errores». «Sería gravísimo», sostuvo.
También mostró su indignación el presidente de Vox, Santiago Abascal: «Debemos exigir juntos la dimisión de este Gobierno mentiroso y despótico que ha traspasado todos los límites. El Gobierno quiere matar la libertad de expresión usando una institución querida por los españoles, la Benemérita. Están dinamitando la Constitución y la democracia». La formación de ultraderecha anuncia que interpondrá «acciones judiciales urgentes contra los que han dado esas órdenes y contra cualquier funcionario que las acate, porque son evidentemente ilegales al tratar de proscribir e ilegalizar de facto la oposición democrática y la crítica al Gobierno». Edmundo Bal, diputado de Ciudadanos, también consideró la aseveración del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil de «gravísima» y «muy preocupante», razón por la que su grupo pedirá su comparecencia y la del responsable de Interior.
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