El Ayuntamiento de Cádiz ha propuesto al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía medidas complementarias para facilitar la gestión de los ayuntamientos, como administración pública más cercana a la ciudadanía, para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del estado de alarma decretado a causa del Covid-19. El Equipo de Gobierno cree que las medidas adoptadas y anunciadas ya «van por buen camino», si bien considera necesario «dar un paso más al frente».
Entre otras iniciativas proponen al Gobierno Central que se autorice de forma expresa a los ayuntamientos incumplir la regla de gasto en 2020 para que desde los consistorios se puedan atender situaciones de crisis socieconómicas ciudadanas derivadas del estado de alarma por el coronavirus. Desde el Equipo de Gobierno saben que esta medida implica que, con posterioridad, el Gobierno Central tendrá que ajustar cuentas con la Unión Europea, «un ajuste que se debería hacer en otro tipo de gastos para así permitir un respiro a la ciudadanía que está cumpliendo con responsabilidad las normas del confinamiento»
Además plantean que el Gobierno Central decrete la autorización para que los ayuntamientos, sin tener que convocar el Pleno municipal, puedan utilizar el Fondo de Contingencia para atender situaciones de crisis socieconómicas ciudadanas derivadas de esta situación.
Otra de las iniciativas es que el Gobierno Central decrete la autorización para que los ayuntamientos sin tener que convocar el Pleno municipal puedan utilizar el superavit obtenido de las cuentas de 2018 y el futuro de 2019 para atender situaciones de crisis socieconómicas ciudadanas derivadas del Covid-19, sin necesidad de atender a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Además, pide al Gobierno Central que otorgue la categoría de Insularidad a Cádiz, con la pertinente partida presupuestaria y beneficios fiscales que implica tal catalogación.
En cuanto a la Junta de Andalucía, propone que, en aplicación del art. 1.3 del decreto, la Administración autonómica convenie con el Ayuntamiento un nuevo concierto en materia de asuntos sociales a cargo de los 300 mil millones de euros del fondo que ha dotado el Gobierno. Este nuevo convenio o concierto se podría destinar a financiar una oficina donde poder centralizar la atención a la ciudadanía en cuanto a gestión de las medidas de fomento/ayuda que se tramiten como ayuntamiento e información de las medidas gestionadas por otras administraciones.
El Equipo de Gobierno solicita a la Junta la ampliación de la Participación en los tributos de la Administración autonómica (Patrica) al mismo tiempo que pide que, al igual que sucedió con el Impuesto de Actividad Económica (IAE) cuando este fue eliminado de la tributación de los ayuntamientos, que el Gobierno Central autorice a las corporaciones locales a bajar impuesto y en la misma medida compense esa baja para garantizar las prestaciones de servicios.
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