El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
ha dictado una orden con la que se establecen los criterios de actuación para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación al Real Decreto por el que
se declara la situación de estado de alarma.
La resolución mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del Real
Decreto y tiene como destinatarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado; los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales y el personal de las empresas de seguridad privada.
El objetivo de esta orden es “adecuar al ámbito competencial del Ministerio
del Interior” las medidas contenidas en el Real Decreto “en relación con la
actuación operativa que para su ejecución deban asumir las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado”.
En ella se imparten “criterios comunes de actuación” para todas las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, que deberán actuar de forma coordinada bajo el
mando del ministro del Interior, con el objetivo de hacer cumplir medidas
como el control de los movimientos, el apoyo a las labores sanitarias,
garantizar el suministro alimentario y de bienes de primera necesidad o
asegurar el funcionamiento de las infraestructuras críticas.
Para ejecutar estas medidas, la resolución señala que “la ciudadanía tiene el
deber cívico de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la
autoridad en el ejercicio de sus funciones”, y añade que “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado con
arreglo a lo dispuesto en las leyes”.
Todas estas medidas se aplicarán “de acuerdo con los principios de
proporcionalidad y necesidad, dirigidos a proteger la salud y seguridad de los
ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad”.
COORDINACIÓN ENTRE CUERPOS
El Real Decreto dictado por el Gobierno establece que todas las Fuerzas de
Seguridad del Estado, incluidas las autonómicas y locales, quedan bajo las
órdenes directas del ministro del Interior para “la protección de personas,
bienes y lugares”.
Precisamente uno de los objetivos de la orden dictada por Grande-Marlaska
es “garantizar una acción concertada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, los cuerpos de policía autonómicos, las policías locales y el
personal y empresas de seguridad privada, para la implantación y el
cumplimiento, en todo el territorio nacional, de las medidas previstas en el
Real Decreto”.
Señala en este sentido que “en todos los dispositivos de seguridad se
potenciará la colaboración y coordinación entre los cuerpos policiales con
competencia en cada ámbito territorial”. También establece “la colaboración
del personal de seguridad privada que preste servicio en las instalaciones o
servicios afectados”.
A tales efectos, el Ministerio del Interior constituirá un Centro de
Coordinación Operativa “que asegure una transmisión permanente y
continúa de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean
estatales, autonómicas o locales, tanto para la difusión de órdenes y
directrices de actuación como para la recepción y seguimiento de las
novedades que se produzcan”.
APOYO A LAS AUTORIDADES SANITARIAS
La orden pone a disposición de las autoridades y de los profesionales
sanitarios “aquellas capacidades de los cuerpos policiales que sirvan para
auxiliar a las instituciones y a los profesionales sanitarios ante situaciones en
las que dicho auxilio sea necesario para que pueda prestarse asistencia
sanitaria urgente a las personas que lo precisen”.
En este sentido, se indica que “se reforzarán las medidas policiales de
seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de centros sanitarios”. Este refuerzo también se aplicará “en establecimientos de
elaboración, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos o
sanitarios”.
“Cuando resulte necesario en atención a las circunstancias, se apoyarán los
desplazamientos de los servicios sanitarios o de emergencias”, señala
asimismo la resolución
