El acuerdo de gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se recoge en un documento genérico sobre las intenciones de ese posible ejecutivo. Falta ver su programa concreto y la estructura.
Para ver por dónde puede ir se pueden recurrir a tres documentos. Los programas electorales de los dos partidos. Y algo más concreto, el acuerdo que firmaron los dos partidos para los frustrados presupuestos de 2019.
El PSOE incluía algunas reformas, sin entrar en demasiados detalles, en impuestos. Las más específicas eran aplicar las llamadas tasas Google y Tobin, a las digitales y por las transacciones bancarias.
Unidas Podemos incluyó en su programa electoral un impuesto a los ricos, la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas y un impuesto a la banca.
Si queremos concretar más, los datos de partida para este posible nuevo gobierno están en el acuerdo de presupuestos firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y que no llegó a aprobarse, provocando la convocatoria de lecciones para el 28-A. Por cierto, a aquel proyecto le faltaron los mismos votos que ahora necesita el pacto Sánchez-Iglesias.
Los cambios de impuestos más probables:
Subida del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas (bajada a las pymes).
Impuesto a la banca.
Tasa Google (empresas digitales).
Tasa Tobin (transacciones bancarias).
Subida del IRPF para los ingresos más altos.
Impuesto verde (combustibles).
Subida del Impuesto de Patrimonio.
Además, se pretendían incrementos y reducciones de los ingresos con:
Incremento de ingresos: Lucha contra el fraude, limitación de los pagos en efectivo…
Reducción de ingresos: reducción del IVA a los veterinarios, productos de higiene femenina, libro electrónico.
Todos estos cambios en las cuentas públicas tendrían que analizarse viendo su impacto en el déficit y si en consecuencia son aprobados por la Unión Europea.
Con los cambios de aquel acuerdo presupuestario se pretendía recaudar, según sus cuentas, añadir más de 5.000 millones a los ingresos del Estado. Y decían que el incremento de las políticas sociales supondría gastar unos 2.000 millones a mayores. Pero si se suman otros incrementos, como el de las pensiones, los gastos subían más de 5.000 millones.
Otras medidas de impacto económico pactadas entonces son:
Contrarreforma laboral, con cambios en contratos y convenios colectivos.
Regulación de los precios del alquiler en las zonas urbanas con fuertes incrementos de los precios.
El acuerdo también recogía un fuerte incremento de los presupuestos para la dependencia, aunque solo una parte de forma directa a los beneficiarios.
Y más becas pre y posdoctorales, dentro de un mayor gasto en I+D+i.
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