La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha mantenido una reunión con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco par abordar la situación de las personas inquilinas de las viviendas de la Dirección General de la Policía que se encuentran en diferentes fases de procesos de desahucio administrativo. Al encuentro que solicitó Eva Tubío han acudido también los portavoces municipales del PP y PSOE, Juan José Ortiz y María José Rodríguez y miembros del partido Ciudadanos.
En el encuentro, según ha avanzado Eva Tubío, el subdelegado del Gobierno se ha comprometido a recibir a las familias afectadas «ya que hasta la fecha aún no lo ha hecho», para que «puedan transmitirles las situaciones personales que atraviesa cada familia afectada por este proceso administrativo abierto».
Tubío ha reprochado al Gobierno Central la falta de «previsión y tacto» a la hora de abordar esta situación «pues si bien corresponde a una directriz dada por la Dirección General del a Policía a nivel nacional, es necesario conocer cada caso para elegir la mejor forma de actuar».
Así, en la reunión, la concejala de Vivienda le ha informado que desde la empresa municipal de vivienda, Procasa, «se ha puesto a disposición de los afectados todos los recursos municipales de mediación y asesoramiento de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, especialmente para aquellas familias en las situaciones de vulnerabilidad, como las de personas mayores, con problemas de salud y pensiones muy bajas que les dificulta el acceso a otra vivienda». Tubío ha matizado que «en este conflicto habrá que discriminar los casos de necesidad con otros que puedan existir en los que las personas requeridas tengan otra situación más favorable, por ejemplo, otras propiedades». De este modo, Eva Tubío se ha comprometido a que el Ayuntamiento realizará un estudio de cada caso.
En el encuentro, Tubío ha solicitado al subdelegado del Gobierno a que «paralicen los trámites administrativos, dentro del margen de acción que la legalidad vigente permita, a fin de que las personas afectadas puedan tener más tiempo para buscar una solución alternativa a su situación de vivienda».
En esta línea ha pedido que «estudien la posibilidad de concertar con aquellas familias que están viviendo en los pabellones afectados un contrato de arrendamiento o cualquier otra opción que les permita una permanencia transitoria en los mismos que les facilite el traslado, en su caso, a otra vivienda alternativa».
