La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha visitado hoy las viviendas de la Dirección General de la Policía (DGP), situadas en la avenida Fernández Ladrera, con el objetivo de conocer de primera mano los testimonios y la situación de las y los inquilinos actuales que se encuentran en diferentes fases de proceso de desahucio administrativo.
Eva Tubío ha tenido acceso a la documentación de las distintas familias quienes les han transmitido su preocupación «por las formas en las que se han enterado de la pretensión de la Dirección General para la recuperación de las viviendas con el consiguiente desalojo para sus moradores y la rapidez con la que les están apercibiendo de desahucio a los mismos». Así, les han comunicado que mientras que algunas familias tienen un plazo de dos meses para recurrir la resolución administrativa, otros tienen un apercibimiento de inicio de desahucio administrativo si no desalojan en plazo y otros no han recibido aún ninguna notificación.
Ante esta situación, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz se ha comprometido con los afectados a desarrollar una labor de mediación entre las dos partes, familias inquilinas y la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP), «ya que la principal queja de las y los afectados es que ni siquiera han recibido explicaciones ni se les ha concedido ninguna cita para explicarles la situación».
Tubío ha asegurado que «desde los servicios jurídicos de Procasa vamos a estudiar detenidamente cada situación, para que en el cualquier caso, el Ayuntamiento haga el esfuerzo de mediación o asesoramiento en las situaciones de vulnerabilidad, como los de personas mayores, con problemas de salud y pensiones muy bajas que les dificulta el acceso a otra vivienda». «Por supuesto hay que discriminar estos casos de necesidad de otros que puedan existir en los que las personas requeridas tengan otra situación más favorable, por ejemplo, otras propiedades».
Asimismo, a través de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, y por tanto los servicios jurídicos de Procasa, se está ofreciendo ya asesoramiento a las familias que así lo requieren, como se ofrece a cualquier ciudadano o ciudadana que acude con un caso de desahucio, desde que en 2015 se pusiese en marcha el protocolo municipal en este sentido.
Eva Tubío ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno, José Pacheco para posibilitar una aproximación entre la Dirección General de la Policía Nacional y las familias afectadas de cara a buscar una solución satisfactoria al problema que se enfrentan.
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