La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir este miércoles al juez del caso Villarejo la imputación del BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en la pieza en la que investiga el espionaje que encargó la entidad al excomisario en 2004, ante una OPA hostil de Sacyr, y que se prolongó hasta 2017.
Según han informado a Efe fuentes fiscales, el escrito pidiendo la imputación del banco como persona jurídica se presentará a lo largo de la mañana ante el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Manuel García Castellón.
La petición se produce después de la comparecencia como investigados de una decena de cargos actuales y pasados de la entidad, entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión que ya ha abonado.
Casi todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar por estar secreta la causa y el juez tiene previsto citarle de nuevo cuando levante el secreto de estas diligencias, previsiblemente después del verano, según informaron a Efe fuentes jurídicas.
Las fuentes consultadas señalaron que la mayor parte de los investigados manifestaron su interés en colaborar con la justicia en el momento en que se levante el secreto de esta pieza, la número 9 del llamado caso Tándem.
De todos los llamados a declarar por este asunto, el juez, a petición de la Fiscalía, solo impuso medidas cautelares al exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano, que también se negó a prestar declaración y que pagó una fianza de 300.000 euros para evitar la prisión.
El único cargo del banco investigado que ha optado por romper esta estrategia de silencio con el argumento de que la pieza permanece bajo secreto ha sido Antonio J. Béjar González, presidente de Distrito Castellana Norte (sociedad en la que el banco tiene participación).
Béjar, que fue jefe del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA, trasladó al juez, al contestar únicamente a su abogado en una breve declaración, la explicación que ya dio en 2018 la entidad bancaria sobre la contratación de la empresa de Villarejo, Cenyt,y señaló que se ciñó a la localización de morosos.
En esta ronda declaraciones, el juez y los fiscales del caso se desplazaron a la prisión de Estremera (Madrid) para interrogar a Villarejo, que confirmó la existencia de ese contrato con el BBVA, pero negó que fuera para realizar «ningún tipo de espionaje», sino que se trató de un acto defensivo ante una OPA hostil de Sacyr en 2004.
Aprovechando ese encargo del banco, según su versión, dirigentes de los servicios de inteligencia le pidieron actuar como agente encubierto ante esa OPA porque se creía que se trataba de «un ataque a la soberanía económica y política de España» por parte de «una potencia extranjera».
El letrado no quiso revelar la persona concreta del BBVA que le contrató por encontrarse secreta esta causa, pero confirmó, «porque su nombre ya ha salido», que Villarejo se reunió en varias ocasiones con Corrochano, y aseguró que en ningún momento se reunió ni mantuvo conversación telefónica alguna con el expresidente de la entidad Francisco González. Según la investigación, el banco contrató los servicios de Cenyt por 5 millones de euros.
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