Hace ocho años que las competencias relativas a los establecimientos de playa, los conocidos como chiringuitos, fueron traspasadas del Estado a la Junta de Andalucía.
Entonces, el sector pensó que por fin terminaría la larga espera que se remonta a 2004, cuando cumplieron la mayor parte de las concesiones de estos establecimientos. Pero nada más lejos de la actual realidad.
Y es que a día de hoy, 15 años después, más de la mitad de los chiringuitos de Andalucía continúan esperando las nuevas licencias, que en algunos casos estarán en vigor durante 20 años más y en otros, 75.
Mientras llegan, funcionan con autorizaciones anuales, lo que les mantiene en un «limbo» legal y en un estado de «enorme inquietud» y falta de «estabilidad», explica el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa (Faeplayas), Norberto del Castillo, a 20minutos, que lamenta que «muchos compañeros, incluso, han fallecido esperando».
Las costas de la región cuentan aproximadamente con un millar de establecimientos de este tipo –la mitad, abiertos todo el año–, de los cuales alrededor de un 40% están ubicados en Málaga.
Las provincias de Cádiz, Almería y Huelva albergan algo más de un centenar cada una, mientras que en Granada la cifra se sitúa en unos 70. Todos ellos dan empleo a entre 24.000 y 28.000 personas, lo que supone entre el 60 y el 70% de los 40.000 puestos de trabajo que generan todas las actividades de playa en la comunidad –chiringuitos, los 2.000 negocios de hamacas, actividades náuticas y deportivas, masajes, etc.–.
Una cifra que, según explica Del Castillo, está «estancada desde hace varios años» debido, precisamente, a la falta de concesiones. La mayoría de los chiringuitos, continúa el presidente de Faeplayas, «son pequeños, con cocinas también pequeñas, y no cabe más gente de la que hay actualmente trabajando».
Por tanto, aunque los empresarios quieran contratar, «no pueden hacerlo por un problema de espacio». Tampoco pueden hacer trabajos de ampliación, mejora o modernización de sus establecimientos, ya que cuando los propietarios solicitan el correspondiente permiso de obras, «no se lo conceden por no tener la licencia».
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