La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a la puesta en libertad de los cinco presos preventivos de la causa del ‘procés’ que han resultado electos en los comicios del 28 de abril, que habían solicitado eludir la prisión provisional para ejercer responsabilidades derivadas de su nueva condición de parlamentarios. También rechaza que el Tribunal Supremo tenga que solicitar permiso formal –suplicatorio– a las Cámaras para poder seguirles juzgando.
Sobre este permiso, el Ministerio Público explica que no está previsto para aquellos supuestos en los que la adquisición de la condición de diputado o senador se produce una vez iniciado el juicio oral, en sentido estricto, o en fase de recursos posteriores a una sentencia.
La petición había sido presentada por el abogado Jordi Pina, que representa a los elegidos para el Congreso de los Diputados por JxCat Jordi Sánchez, Josep Rull, y Jordi Turull; y Andreu Van Den Eynde, que ejerce la defensa del elegido para la cámara baja Oriol Junqueras y del designado para el Senado Raül Romeva, ambos por ERC.
En su escrito, de 9 páginas, la Fiscalía argumenta que el mantenimiento de la privación de libertad es «proporcionado y no vulnera el derecho a la participación política de los acusados» puesto que la decisión de presentarse como candidatos es una manifestación de dicho derecho esencial y una muestra de que los acusados son plenos titulares del mismo.
Añade que el ejercido de ese derecho participativo solo se vería afectado «en la medida en que se pretenda su ejercicio de una manera incompatible con la situación cautelar de privación de libertad» que en este momento les afecta.
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