El alcalde de Cádiz, José María González, ha suscrito una carta dirigida a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, demandándole de nuevo «cambios urgentes» en el bono social, así como la formalización de un espacio de trabajo con los ayuntamientos para la reforma de dicha ayuda, que es «la única de carácter estatal relacionada con la pobreza energética que existe hasta la fecha».
Se trata de una carta conjunta remitida este martes al Ministerio que dirige Ribera, suscrita también por los alcaldes de Valencia, Pamplona, Santiago de Compostela y Rivas-Vaciamadrid, además de tenientes de alcaldesa de Barcelona, Madrid y Sant Feliu de Llobregat. En la misiva, expresan «una profunda preocupación por el problema de la pobreza energética y por la falta de medidas efectivas para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad».
«Somos los ayuntamientos quienes, en gran medida, cubrimos las necesidades energéticas de las familias cuando lo demás falla», recoge la carta, cuyos firmantes solicitan la interlocución directa en esta materia «sin órganos intermedios».
El alcalde gaditano ha señalado que, a pesar de los cambios regulatorios introducidos octubre, «la ministra no ha dado todavía ninguna solución al hecho de que las familias que no tienen luz contratada con las empresas del oligopolio en su versión regulada estén completamente desprotegidas contra los cortes y no puedan beneficiarse del bono social». Según ha apuntado, esta situación es «especialmente dramática en Cádiz, como bien le transmitimos a la ministra en septiembre, pues afecta al 80 por ciento de las familias».
Asimismo, José María González ha añadido que, «aunque la competencia de energía es del Gobierno, somos los ayuntamientos los que estamos afrontando la situación y evitando los cortes de luz», apuntando que en el caso de Cádiz «dedicamos más de medio millón de euros al año a ayudas de energía para que no se produzcan cortes y, además, hemos observado que el número de solicitudes no ha dejado de aumentar», lo que demuestra que «la situación es muy grave».
Además del diálogo directo y urgente, la carta propone cinco cambios específicos que los firmantes entienden que mejorarían sustancialmente el bono social. El primero se refiere a la cobertura, pues demandan cambios regulatorios para ampliar la cobertura a los clientes de comercializadoras que no sean de referencia, de manera que cualquier comercializadora que lo desee pueda prestar el bono social.
Al respecto, expone el escrito que, de las más de 700 que existen, actualmente «sólo tienen acceso al bono social los clientes y clientas de ocho comercializadoras en todo el Estado (las cinco del oligopolio y tres más)», lo que consideran «una discriminación injustificable» en la medida que supone «canalizar los recursos públicos hacia un grupo de empresas que dominan el sector y, además, excluye a más de la mitad de los contratos, tanto de la ayuda como de la protección contra el corte de suministro».
El segundo cambio que proponen es que las empresas energéticas estén obligadas a adaptar los contratos de las familias vulnerables a sus necesidades reales (optimización de potencia y tarifa) antes de aplicar el bono social, para evitar «que se sigan subvencionando a través del bono social descuentos sobre facturas mucho más altas de lo necesario», argumenta el escrito.
Además, solicitan que la aplicación del bono social sea automática, como sucede en Portugal desde el año 2016, pues la «farragosa» tramitación está impidiendo el acceso a miles de familias. Los firmantes piden también que se aplique el principio de precaución, tal y como recoge la Ley Catalana 24/2015, para que las empresas energéticas no puedan cortar la luz sin comprobar que la familia o persona no está en situación de vulnerabilidad. Por último, solicitan que se destinen recursos y personal en los ayuntamientos para formación, asesoramiento y acompañamiento energético a las familias vulnerables.
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