«No sé muy bien qué hago yo aquí», ha manifestado el alcalde en declaraciones a los periodistas tanto a la entrada como a la salida del Juzgado. Además, en este sentido, ha insistido en que «igual lo que existe es un complot entre Cs y PSOE para intentar sentar el alcalde todas las veces posibles». «Aquí estaremos, no hay nada que ocultar», ha incidido. González ha insistido en que acudía a declarar con «tranquilidad», recordando que «todas las alegaciones por parte del Ayuntamiento están hechas».
«Nosotros no entendemos que la transmisión se ha producido, por tanto la Junta es la que lo entiende y el Ayuntamiento tiene que responder», ha afirmado. En este sentido, cabe recordar que el alcalde ya había señalado que lo que se hizo fue consultar si se podía hacer una transmisión de la titularidad, pero eso no implica que se haya producido.
«Ahí es donde entiende que se ha producido un error de interpretación grave por parte de la Junta de Andalucía y que Ciudadanos ha aprovechado de forma malintencionada para formular su denuncia», ha abundado. Cs interpuso la denuncia en el mes de julio, siendo admitida a trámite en el mes de agosto. Según explicaron el portavoz municipal de Cs, Juan Manuel Pérez Dorao, y la edil María Fernández-Trujillo, la denuncia fue contra el alcalde «al ser éste el que ha firmado el decreto de la concesión de la gestión de los chiringuitos a los empresarios donde se aprecia la presunta comisión de dos delitos».
A juicio de Cs, ha cometido prevaricación y malversación de fondos al realizar con el decreto la concesión administrativa de los chiringuitos de la que el Consistorio era titular a los empresarios titulares de la explotación «sin presentar un concurso público y ceder las concesiones de forma gratuita y arbitraria sin pedir contraprestación alguna, lo que es evidente perjuicio para el patrimonio municipal».
En este sentido, Fernández-Trujillo señaló que la concesión administrativa cedida poseía «relevantes novedades» con respecto a anteriores, «como mayor espacio al ampliar los recintos a 150 metros, estar instalado durante todo el año en lugar del máximo de nueve meses, así como ampliar la duración de la concesión de 15 a 30 años». Asimismo, señaló que tras ser avisado en el mes de febrero, en el mes de julio intentó, a través de la Junta de Gobierno Local, «declarar caducado el expediente de transmisión de la concesión a los empresarios intentado con ello crear la apariencia de que la transmisión no se hubiera producido».
«Sin embargo, la transmisión sí se ha producido y así lo entiende la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que aceptó el decreto municipal y confirmó su validez en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)», explicó Pérez Dorao, que añadió que «al ahora decir el gobierno local que esa transmisión no se ha producido, algo que para la Consejería es ‘papel mojado’, ha generado una situación de inseguridad jurídica entre los empresarios de los chiringuitos».
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