La Audiencia Provincial de Sevilla ha recibido del Tribunal Supremo (TS) las actuaciones relacionadas con la pieza política de los ERE para la ejecución de la sentencia del alto tribunal, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Las actuaciones procedentes del TS han sido recibidas por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que fue la que juzgó la denominada «pieza política» del caso de los ERE por la que han sido condenados nueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el expresidente andaluz José Antonio Griñán.
La Audiencia Provincial, que no tiene un plazo temporal determinado para ejecutar la sentencia, es, por tanto, el órgano judicial que tendrá que decidir sobre el ingreso o no en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán, de 76 años, tras confirmar el Supremo la pena de seis años de cárcel.
Según fuentes judiciales, lo normal en este caso de una condena de seis años de cárcel es que el tribunal encargado de la ejecución de la sentencia ordene el ingreso en prisión de forma inmediata.
No obstante, José María Calero, abogado de Griñán, explicó recientemente a Efe que presentará un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo por el modo en que se produjo dicha sentencia, en dos actos separados.
El letrado del extitular de la Junta señaló que el modo de pronunciar la sentencia en dos actos separados ha provocado que su defendido «tuviera la condición de condenado sin sentencia», algo que ha podido producir «un sufrimiento añadido o innecesario que hay que ver si puede compensarse con un aminoramiento de la pena».
El expresidente y exministro ha sido condenado a seis años y dos días de prisión y a inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por malversación y prevaricación.
Además, el Supremo condenó a nueve años de inhabilitación a su antecesor en la Junta, Manuel Chaves, por el caso ERE, un sistema fraudulento de ayudas sociolaborales desplegado entre 2000 y 2011.
Entre los condenados figuran también la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y el ex secretario de Estado y exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, condenados ambos a 9 años de inhabilitación por prevaricación; o el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, sentenciado a 7 años y 11 meses de cárcel por malversación y prevaricación.
El antecesor de este último y socialista histórico, José Antonio Viera, fue condenado a 7 años de prisión, los mismos que el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y el exviceconsejero de Economía José Salgueiro a 9 de inhabilitación.
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