El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha reclamado públicamente hoy a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo que lleve a cabo un “un plan de mejoras del Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) que debe incluir la dotación de más personal y la adaptación de su gestión a las nuevas tecnologías y los sistemas de información”, ha señalado su presidente José Blas Fernández Sánchez.
Esta petición se basa, a juicio de estos operadores jurídicos, en la pérdida de capacidad del CMAC, a lo largo de los últimos años, para desarrollar todas su competencias. “La falta de recursos humanos y el retraso en la aplicación de sistemas informáticos, ha convertido en este centro de mediación en un puro gestor de trámites burocráticos, sin aportar su valor esencial, las labores de conciliación entre empresas y trabajadores”, destaca el presidente de los graduados sociales.
En la provincia de Cádiz existen tres de estos centros dependientes de la Junta de Andalucía, en Cádiz, Algeciras y Jerez, “que parecen haberse quedado fuera de las actuaciones ya en marcha en otras administraciones, especialmente la judicial”, añade José Blas Fernández. A su juicio, estos organismos, cuya gestión es paso previo obligado para conflictos laborales de orden individual, deberían estar acogidos igualmente a un plan de gestión telemática, “y no seguir obligando a trabajadores y profesionales a trámites presenciales para cada paso: presentación de papeletas de demandas por despido, cantidad, horas extraordinarias y declaración de derechos laborales, citaciones y comparecencias”, explica el presidente.
Los CMACs, según jurisdicción en vigor, exige, como paso previo a una demanda laboral, realizar un intento de conciliación entre las partes. “Esta obligación no está actualmente incluida en ningún plan de modernización telemática. La estructura provincial, con tres sedes de este organismo en Cádiz, Jerez y Algeciras, y también su reparto a nivel autonómico, obligan a los trabajadores y graduados sociales a desplazamientos continuos, sin un plan conocido para ganar en eficiencia de cara al administrado, que sigue recibiendo fotocopias selladas para realizar trámites que se pueden gestionar perfectamente on-line”, agrega el presidente de los graduados sociales, que pone “a disposición de la Junta de Andalucía nuestra experiencia y colaboración para planes de mejora tan necesarios como éste”.
La situación de los centros de mediación ha sido objeto de una petición del Colegio de Graduados Sociales al Defensor del Pueblo Andaluz, solicitándole que intervenga ante “el deterioro de la mediación sociolaboral, inexistencia de una plataforma telemática y con una total falta de personal para llevar a cabo su cometido”.
“Las citaciones, por ejemplo, deben ser proveídas en el plazo de 15 días en los procedimientos de despido, pero suelen exceder de este plazo y las partes tienen que acudir directamente a los Juzgados sin el acta de conciliación preceptiva para evitar la caducidad de la acción, con un gran perjuicio para los trabajadores y las empresas”, agrega.
La denuncia al Defensor del Pueblo incluye la petición de una sala de profesionales, en las que los operadores jurídicos “podamos concretar y acordar las posturas de los derechos de quienes representamos, que hacemos directamente en la calle esperando a que nos llamen”.
Con todo, lo más grave es que “las conciliaciones se limitan al mero trámite de levantar un acta de la conciliación previamente acordada. La figura del conciliador es totalmente inocua, ya que ni concilia, ni interviene para aproximar las posturas, sino que se limita simplemente a que se cumpla con un mero trámite. Esta figura también debe ser modificada y que se incluyan entre los mediadores a los Graduados Sociales y no como ahora exclusivamente graduados en Derecho”, apostilla José Blas Fernández.
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