El Tribunal Supremo ha prorrogado el plazo para dictar la sentencia que responderá a los recursos del caso de los ERE de Andalucía, en el que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.
La Sala de lo Penal ha dictado un auto de prórroga de 60 días hábiles a contar desde el 23 de mayo, por lo que se da de plazo hasta la vuelta del verano para dictar sentencia, si bien fuentes jurídicas explican a Efe que el tribunal no tiene por qué cumplir el plazo en su integridad y que, en el caso de necesitar más tiempo, podría decretar una nueva prórroga.
El magistrado ponente de la sentencia, Eduardo de Porres, destaca en el auto la «complejidad» de la causa, «teniendo en cuenta el número de recurrentes y los motivos formulados», lo que «hace necesario acordar una ampliación del término para dictar sentencia».
Durante la vista de los recursos, celebrada los días 4 y 5 de mayo, la Fiscalía pidió al Supremo que confirmase las condenas impuestas por la Audiencia de Sevilla, que sentenció a Griñán a seis años de prisión por delitos de malversación y prevaricación, y a Chaves a nueve de inhabilitación por prevaricación.
Es más, reprochó las «excusas» de los condenados «tratando de eludir su responsabilidad», ya que «todos los responsables de la Junta de Andalucía eran conscientes de lo que estaba sucediendo con los ERE», que «no eran «irregularidades sino patentes ilegalidades».
Las defensas de los condenados, por su parte, criticaron la «ambigüedad» y «arbitrariedad» de la sentencia, y el abogado de Griñán aseguró que la resolución no mencionaba «ningún ánimo de lucro» del también exconsejero de Economía, quien -dijo- no malversó porque no decidía sobre los fondos.
Esta es la causa de mayor trascendencia política en Andalucía dentro del macrocaso de los ERE, donde fueron condenados a penas de prisión los exconsejeros Antonio Fernández (siete años), José Antonio Viera (siete años), Francisco Vallejo (siete años), Carmen Martínez Aguayo (seis años).
La sentencia de la Audiencia de Sevilla reprochó que el Gobierno socialista andaluz conocía la «patente» y «palmaria ilegalidad» de las ayudas sociolaborales -unos 680 millones de euros- que concedió con «absoluta falta de control» entre 2000 y 2009.
Y subrayó que los ex altos cargos, entre ellos los expresidentes regionales, fueron «plenamente conscientes de la patente ilegalidad» de la forma de conceder las ayudas, que beneficiaban a las empresas y no a los trabajadores.
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