El alcalde de Cádiz, José María González, ha exigido de nuevo a la Junta de Andalucía que desbloquee la séptima y octava fase del Cerro del Moro «para poner fin a las condiciones de inhabitabilidad en las que se encuentran unos 70 vecinos y vecinas de la zona». Así lo ha asegurado tras reunirse con una representación de estas familias junto a la concejala de Vivienda, Eva Tubío, y del concejal de Urbanismo, Martín Vila, y visitar las viviendas actuales.
José María González ha calificado la situación de estas familias de «insostenible» y ha pedido a la Administración andaluza que «deje a un lado el autobombo que hace en materia de vivienda y actúe y cumpla de una vez con los vecinos y vecinas de Cádiz».
González, que ha visitado este jueves estas viviendas ubicadas en el Cerro del Moro, «ha comprobado como la Junta de Andalucía y el PP sigue tratando a estas familias como vecinos y vecinas de segunda mientras crecen los problemas de humedades y el deterioro estructural de las viviendas». Es por esto que ha urgido a la Junta de Andalucía «a iniciar los trámites para la séptima y octava fase del Cerro del Moro».
Cabe recordar que la actuación en el barrio comenzó en 1992 a raíz de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta, ejecutando el Ayuntamiento las tres primeras fases (266 viviendas). La Junta promovió las tres siguientes (174 viviendas), entregando las llaves de la sexta fase en octubre de 2012, produciéndose un estancamiento que ha dejado en un limbo y pendientes de ejecutar la séptima y la octava fase.
Fue necesario esperar hasta 2018 para la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), promovido por el Consistorio, para las dos fases pendientes. Tras la correspondiente declaración de ruina de tres edificios de esta zona, la Junta procedió a su demolición en 2020 para construir allí las viviendas que tienen que realojar a estas 70 familias.
Sin embargo, el proceso está de nuevo paralizado y «estas familias se han quedado atrapadas, ya que ni las pueden vender ni tampoco pueden salir porque no tienen vivienda en la que realojarse hasta que la Junta construya el nuevo edificio».
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