El alcalde de Cádiz, José María González, exige a la Junta de Andalucía que «deje de tratar como a ciudadanos de segunda a los vecinos y vecinas del Cerro del Moro que llevan soportando décadas de promesas incumplidas» y que, por ello, se han visto «arrastrados a vivir en unas condiciones que rozan los umbrales de la falta de dignidad que deberían avergonzar al Gobierno andaluz». En este sentido, urge a la Administración autonómica a «desbloquear de una vez por todas» la séptima y octava fase de la remodelación del Cerro del Moro y a encontrar «de manera inmediata una solución para los 70 vecinos y vecinas que ha tenido décadas olvidados».
El alcalde critica «la auténtica desidia con unos vecinos que llevan décadas esperando a que se materialicen unas promesas que la Junta nunca cumple», aludiendo a las «imágenes de jaramagos, hierbas, suciedad y humedades que dan muestra del incontestable y vergonzante abandono al que la Administración andaluza tiene sometidos a los vecinos y vecinas de este barrio de Cádiz, primero con el PSOE y ahora con el PP», partido este último al que, «independientemente en la administración en la que esté, atribuye «un maltrato sistemático a esta zona».
«La vivienda es un derecho fundamental y básico para aportar dignidad a las personas, no un hecho con el que especular», enfatiza el alcalde, que insiste en exigir a la Junta que «cumpla con los vecinos y vecinas del Cerro del Moro y que, entretanto, les aporte de manera urgente una solución transitoria».
Por su parte, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, lamenta que 30 años después de que se pusiera la primera piedra de la remodelación del Cerro del Moro «70 familias sigan obligadas a vivir en unas viviendas por debajo de los estándares mínimos y que acumulan problemas de seguridad estructural y constructiva, además de las humedades y otras circunstancias que suponen un riesgo para su salud».
Cabe recordar que la actuación en el barrio comenzó en 1992 a raíz de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta, ejecutando el Ayuntamiento las tres primeras fases (266 viviendas). La Junta promovió las tres siguientes (174 viviendas), entregando las llaves de la sexta fase en octubre de 2012, produciéndose «un estancamiento que ha dejado en un limbo y pendientes de ejecutar la séptima y la octava fase», apunta Tubío.
Indica la concejala que hubo que esperar hasta 2018 para la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), para las dos fases pendientes. Tras la correspondiente declaración de ruina de tres edificios de esta zona, la Junta procedió a su demolición en 2020 para construir allí las viviendas que tienen que realojar a estas 70 familias.
Sin embargo, la Junta ha dejado todo el proceso «nuevamente paralizado, quedando estas familias literalmente atrapadas, ya que no las pueden vender y tampoco pueden salir porque no tienen vivienda en la que realojarse hasta que la Junta construya el nuevo edificio». Por ello, se suma a la exigencia de que el Gobierno andaluz «cumpla con urgencia sus responsabilidades y construya la nueva edificación prevista para estas familias».
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