La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Frater’, ha desarticulado en Barbate (Cádiz) tres grupos criminales dedicados al lavado de dinero, mediante la adquisición de motores náuticos de alta potencia, portados habitualmente por embarcaciones de alta velocidad utilizadas en el ámbito del narcotráfico. Se ha detenido a 11 personas y se ha detectado un patrimonio blanqueado de 3.260.000 euros.
La operación se inició tras vincular a uno de los investigados, que fue detenido en 2013 por un delito contra la salud pública, con una sociedad dedicada a adquirir motores para su instalación en embarcaciones rápidas de las utilizadas habitualmente para introducir hachís en la península procedente del norte del continente africano. En consecuencia, el Juzgado número 2 de Barbate decretó su ingreso en prisión provisional.
A mediados de 2021, se recibieron informaciones de la existencia de dos sociedades que, con idéntico modus operandi de la anterior, estarían comprando motores náuticos para, igual que ya hizo ésta, ser utilizados en el ámbito del narcotráfico.
Iniciadas las primeras indagaciones, en una investigación dirigida por la Fiscalía Antidroga de Cádiz, se comprobó que el administrador de una de ellas era un abogado con despacho profesional en la localidad de Barbate. Estas sociedades se dedicaban, supuestamente, a la venta de material náutico, sin embargo, no poseían un local de negocio donde exponer o vender sus productos, ni los administradores de las mismas tenían experiencia en dicho sector, según ha explicado la Guardia Civil.
Así, intensificadas las gestiones sobre este abogado, observaron que mantenía una estrecha relación personal con el que fuera administrador de la primera. Del análisis de la actividad financiera de ambos investigados se obtuvieron vínculos claros y la más que probable utilización de los titulares como testaferros para el blanqueo de capitales a través de la empresa a su nombre. De hecho las tres sociedades han recibido un total de casi un millón de euros cada una en efectivo.
Sin fuentes de ingresos legales
Los agentes, tras analizar la actividad de las empresas, detectaron que distintas personas realizaban importantes ingresos en efectivo en cuenta bancaria titularidad de dicha sociedad. No obstante, estas carecían de fuentes de ingresos legales que les permitían semejantes desembolsos.
Además, también recibían ingresos de las otras sociedades investigadas. Una vez que el dinero había sido introducido en el sistema financiero, y transferido de una sociedad a otra en un intento de distanciarlo del momento en el que fue ingresado en metálico, era utilizado para pagar motores que adquirían a empresas ubicadas en Dubái.
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