La Universidad Pública está en juego. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley
de Convivencia Universitaria (LCU) culminan una reforma elitista y que añade barreras a la
educación superior.
La pandemia y posterior crisis ha agravado muchos de los problemas que la
Universidad arrastra desde hace tiempo y, en ese contexto, el proyecto de reforma universitaria
parece que no va a tratar de resolverlos, sino agravarlos. Ante un Gobierno que no pretende
avanzar hacia una Universidad pública, gratuita, y al servicio de la mayoría social solo cabe que
las reivindicaciones de la Comunidad Universitaria en su conjunto se hagan escuchar. Nos
merecemos una Universidad que no expulse al estudiantado por su capacidad socioeconómica:
el sistema de becas y ayudas al estudio es completamente insuficiente en cantidad y extensión
para cubrir las necesidades del estudiantado.
Es necesario alcanzar la gratuidad total de los
estudios universitarios y los servicios adyacentes a estos, así como un sistema de becas
garantista que iguale las condiciones de acceso del estudiantado. Nos merecemos una
Universidad que dignifique la labor del personal de administración y servicios y del personal
docente e investigador. Nos merecemos una Universidad que escuche a su estudiantado, que
no se articule en base a intereses privados y nos convierta en mano de obra precaria.
Merecemos una universidad que refuerce nuestros derechos, en la que dispongamos de
facilidades y se ponga en el centro una formación integral, multicultural y transversal del
estudiantado. A su vez, la Universidad supone mucho más que ir a clase, y la vida universitaria
debe ser uno de los pilares fundamentales de esta, para lo que son imprescindibles espacios y
oportunidades de socialización libres y alejados de la dependencia de agentes externos.
La reforma universitaria que reivindicamos debe lograr estos objetivos, garantizando que la
comunidad universitaria pueda realmente participar y que sus decisiones sean tenidas en cuenta
de manera vinculante.
Asimismo, gobierno y partidos políticos deben respetar los consensos a
los que llegan los diferentes colectivos de la universidad y trabajar para ellos, dejando a un lado
intereses particulares que dan pie a negociar con la educación superior como un bien de
mercado, como ha ocurrido con la auto-enmienda presentada a la Ley de Convivencia
Universitaria, en la que de manera oportunista se han priorizado los intereses de partido frente
a la protección y reconocimiento de derechos y garantías para los estudiantes.
La importancia de este día radica en reivindicar una universidad que gire en torno al estudiante
y la comunidad universitaria en su conjunto, en la que esta sea realmente partícipe en la toma
de decisiones: una universidad pública, gratuita, democrática y de calidad. Que el estudiante
tenga la oportunidad de acceder, permanecer y crecer en una universidad sin barreras
socioeconómicas, que garantice la igualdad real de oportunidades. Una universidad cuyo
profesorado disponga de las mejores herramientas para ejercer la docencia, investigación y
transferencia, siempre en función del interés social, que no empresarial. Y, sobre todo, que
blinde los derechos del estudiantado universitario y que garantice la participación estudiantil en
la toma de decisiones. Es por ello qu
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