Ya hacía tiempo que el Impuesto de Plusvalía venía rodando en picado, por lo que suponía para los contribuyentes el tener injustamente que pagar en la venta o sucesión de un inmueble un impuesto municipal que en cierto modo, era un regalo de la tómbola en función de cada población para los respectivos ayuntamientos. Entiendo que el impuesto de bienes inmuebles que se paga anualmente es tan suficiente para que los Ayuntamientos no perciban por ese concepto ningún otro impuesto por el mero hecho de traspasar su titularidad a otro propietario. Es decir, que los ayuntamientos, sin tener este impuesto calculado y metido en un padrón en función de los fallecimientos, de las ventas o transmisiones, se encontraban cada año con unas liquidaciones imprevistas y recogidas en sus presupuestos como algo hecho y que a la corta o a la larga era un dinero para gastarlo. Hemos visto como las notarías han remitido escrituras a los Ayuntamientos que muchas veces éstos se sorprendían, pues ni esperaban esas cantidades, ni sabían que en estos actos de transmisiones podía existir tanto dinero. Primero, porque no existe padrón para ello y, por tanto, es muy fluctuante y más aún cuando todos estos tipos estaban marcados al máximo y no podemos olvidar que incluso las bonificaciones por vivienda habitual eran muy limitadas; Segundo, existían ventas inesperadas de inmuebles con mucha catalogación que arrimaban sin darse cuenta a los municipios cantidades desorbitadas porque la Ley de Haciendas Locales lo contemplaba y a mi entender, de forma injusta, como así lo ha hecho saber el Tribunal Constitucional en la reciente Sentencia que anula esta impuesto sorpresivo y abusivo.
Ahora estamos escuchando a los ayuntamientos decir que pierden cantidades muy elevadas por este impuesto, pero no dicen que sus presupuestos los engordan notablemente, por si en el ejercicio económico les sorprendía estos millonarios pagos que en su conjunto abona la sociedad civil de un municipio por el mero hecho de transmitirse una propiedad.
Tras la Sentencia ya existen opiniones contrapuestas, pues algunos sin conocerla aún ya la marcan que solamente podrán reclamar este impuesto pagado indebidamente quienes tuvieran un recurso abierto con respecto a su plusvalía, lo que viene a decir que el constitucional ha restringido la posibilidad de reclamar por el impuesto de plusvalía que el contribuyente paga cuando vende, hereda o recibe en donación un inmueble. Y todo, porque ya el Tribunal Constitucional no consideró adecuado el método de cálculo de la base imponible, es decir, la cuantía sobre la que se aplica el gravamen, anulando de facto el impuesto y la posibilidad de cobrarlo tal y como está formulado ahora. Pero, sin embargo, no se dice que quienes tengan en trámite en estos momentos el pago de la plusvalía y aun no esté liquidado será casi seguro que no tengan que abonarlo en base a esta Sentencia, la cual es la tercera que en cuatro años dicta contra este impuesto el Tribunal Constitucional.
Tras lo expuesto, como los Ayuntamientos dicen que merman sus arcas y que no pueden terminar de buena manera las partidas presupuestarias, ya Hacienda, para contentar a todos porque ninguno falsamente ha dicho que ese impuesto es injusto y en definitiva lo cobran sin saber su procedencia y solo por llamarse plusvalía, pretenden que el Estado se invente otro impuesto por el que finalmente los contribuyentes sigan pagando por lo que ahora el Tribunal Constitucional ha anulado.
Insisto en que las arcas municipales pueden estar mermadas y reconozco que tienen muchas competencias que deberían recaer en otras administraciones, pero tienen que tener presente que lo que no se puede es exprimir con impuestos a los ciudadanos bajo la premisa de que no tienen dinero, por lo que sería el momento oportuno para valorar si verdaderamente las Diputaciones sirven para algo y si con su desaparición mejoraría la economía municipal, al recibir transferencias directas del Estado o de la Comunidad Autónoma y, lo que es más, es cuestión ahora de afeitar la enormidad de asesores que tienen los municipios, gente liberada y profesionales de la política viviendo del cuento, porque si fuesen presupuestos ajustados y recortaran tanto dinero que regalan para obtener votos, otro gallo cantaría, pero como esto no ha terminado, seguro estoy que tras conocer profundamente la sentencia, saber su alcance de ejecución y el efecto multiplicador que tiene, estaremos atentos para que desde este gobierno entrampado y con un déficit desproporcionado, meterán la pluma en las transferencias para contentar a quienes también exprimen a terceros y saldrá a relucir que el que venga que se apañe como pueda.
Si muchos muertos levantaran la cabeza y comprobasen cómo su herencia fue mermada en favor de sus herederos por este impuesto, al menos se podrían morir de nuevo tranquilos porque el Constitucional ha hecho justicia y nos va a dejar de exprimir hasta tanto el gobierno no se invente algo nuevo.
Fdo.: José Blas Fernández Sánchez.
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