CSIF manifiesta públicamente su rechazo al convenio de colaboración público privada establecido por la Junta de Andalucía con agencias de colocación para las labores de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, mientras las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) funcionan con menos de un tercio de su plantilla.
El responsable provincial de Administración de la Junta de CSIF Cádiz, Manuel Méndez, ha lamentado la “notoria carencia de personal” de dichas oficinas como consecuencia de una “falta de cobertura de las plazas reconocidas en sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)”. Justo en estos días, a nivel autonómico, CSIF se reunía con diputadas del Grupo Ciudadanos en el Parlamento andaluz para tratar este tema.
En concreto, las oficinas de empleo de la provincia de Cádiz deberían contar con 377 trabajadores (según su RPT), mientras que actualmente solo hay 115 empleados en activo, por lo que la cobertura está en el 30,5%. Esta cifra es aún más lamentable, teniendo en cuenta la elevada tasa de desempleo que padece la provincia de Cádiz (con más de 180.000 parados), por lo que el volumen de trabajo de estas oficinas es mucho mayor que en otras provincias. En Córdoba, por ejemplo, hay 114 trabajadores en las oficinas de empleo, para 100.000 desempleados menos que en Cádiz.
“No se entiende que, existiendo un cuerpo específico –el A1 2028, de Ciencias Sociales y del Trabajo— que contempla precisamente las funciones de intermediación, inserción y asesoramiento laboral, la Administración recurra a un convenio con agencias de colocación privadas por tres millones de euros”, ha argumentado el responsable de CSIF.
Esta externalización, a juicio de CSIF, pone en evidencia “una falta de apuesta por lo público”, así como “una incapacidad manifiesta” de la Junta de Andalucía para la cobertura de las plazas que contemplan las propias RPT de las oficinas del SAE, “en un momento que, además, es crucial en materia laboral para afrontar la recuperación de la economía andaluza post pandemia de la Covid-19”.
El tratamiento de los datos personales de las personas desempleadas es otro de los aspectos por los que se pregunta el sindicato, que cuestiona que estos procesos se desarrollen con todas las garantías desde empresas privadas.
Para CSIF, urge que Función Pública autorice la cobertura de todas las vacantes que están sin cubrir en el SAE, “de manera que el personal pueda realizar un servicio público a la ciudadanía dentro de unos parámetros razonables en cuanto a la ratio entre empleados y personas en desempleo”.
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