«La facturación ha bajado en las peluquerias entre 50% o 60% respecto al 2019″, según en el sector en lugar de mejorar, están entrando en una economía de crisis, la gente no tiene poder adquisitivo, no hay actos sociales, las mujeres no buscan la imagen personal, no hay acontecimientos bodas, bautizos, comuniones, la actividad está resentida y tiene que pasar mucho tiempo para que vuelva a recuperar, pero ya no nos da tiempo de aquí al 30 de septiembre», en referencia a la fecha en la que terminan las subvenciones estatales de los ERTES a causa de la pandemia.
Ante una situación cada vez más dramática para este sector que daba trabajo antes de la pandemia a unas 150.000 personas, se ha reivindicado de forma insistente en los últimos meses que se rebaje el IVA en esta actividad. Actualmente se encuentra en un 21% después de que, en 2012, el Gobierno liderado entonces por Mariano Rajoy, decretara una subida desde el 8% anterior.
La pasada semana, las peluquerías vieron un rayo de esperanza cuando el Senado aprobó una bajada del IVA de su actividad al 10%, a través de una enmienda introducida a la ley de lucha contra el fraude fiscal aprobada este mismo día en la Cámara Alta.
Sin embargo, apenas 24 horas después, el Gobierno advirtió que vetaría la bajada a través de su portavoz, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cuando ésta llegase al Congreso. Finalmente, ni siquiera ha sido necesario llegar a ese punto, porque la presidenta del Senado, Pilar Llop, decidió este sábado declarar la nulidad de la votación de la enmienda de la pasada semana.
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