La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha firmado con los alcaldes de Barbate, Miguel Molina; Conil de la Frontera, Juan Manuel Bermúdez, y Vejer de la Frontera, Manuel Flor, un protocolo de colaboración para el diseño de los planes especiales que permitan la regularización de los asentamientos con edificaciones irregulares, además de hacer frente común para reforzar la inspección urbanística para que no se construyan nuevas edificaciones irregulares.
Marifrán Carazo ha destacado que este acuerdo de colaboración pone de manifiesto que el decreto de viviendas irregulares “abre una puerta a los ayuntamientos para resolver una problemática que llevaban décadas arrastrando sin encontrar vías de solución y que afectaban a cientos de sus vecinos”. De hecho, el protocolo se suscribe con tres ayuntamientos de la provincia de Cádiz que más dificultades se han encontrado ante la proliferación de construcciones irregulares en sus territorios.
El protocolo plasma el compromiso de actuar de manera conjunta para ofrecer un marco jurídico en las agrupaciones de edificaciones irregulares a través de planes especiales de adecuación ambiental y territorial que reduzcan su impacto ambiental y territorial y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Para ese cometido, se desarrollarán reuniones conjuntas para dar un impulso a los planes especiales.
Además, se impulsarán líneas de cooperación y coordinación para garantizando una pronta reacción y el éxito de las medidas adoptadas frente a las infracciones urbanísticas, con “la firme voluntad de preservar nuestros recursos naturales”. Entre ese punto, la Consejería mantendrá reuniones informativas y emitirá informes a consultas planteadas por los técnicos municipales para ofrecer una labor de asesoramiento. Mientras, los ayuntamientos pondrán a disposición los medios a su alcance para favorecer la asistencia necesaria en la inspección, garantizando la colaboración de la Policía Local y los servicios técnicos.
La consejera ha aprovechado esta firma para señalar que el cometido del Gobierno andaluz siempre ha sido plasmar un marco normativo “claro y sencillo, que facilite el camino a los ciudadanos”, ya sea en el caso de las edificaciones irregulares o en el urbanismo andaluz. Sobre este último aspecto, ha insistido en que esa misma filosofía de clarificar y simplificar normativa la ostenta el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que, pese a haber recabado un importante apoyo social en su elaboración, no superó el debate a la totalidad para iniciar su trámite parlamentario.
Al respecto, Marifrán Carazo ha recalcado que volverá a presentar la LISTA al Parlamento de Andalucía, ya que es una ley “moderna, que no sólo está llamada a “clarificar el urbanismo andaluz tras años de maraña administrativa que ha lastrado el desarrollo de Andalucía, sino que será un aliado para la reactivación económica”. “Esta ley aportará seguridad jurídica, minimizará los tiempos de aprobación de los planes urbanísticos y reducirá los trámites para que se desarrollen proyectos que sean viables y que lleven incorporado un sello de sostenibilidad y protección del entorno”, ha manifestado la consejera tras la votación.
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