El delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez, ha informado a Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de San Fernando del inicio del expediente de solicitud para la legalización mediante la declaración de interés público para los establecimientos hosteleros e instalaciones ubicadas en la zona de la Casería de Ossio, afectada por el dominio público marítimo-terrestre.
«Cumplimos nuestro compromiso de iniciar la legalización de La Casería por razones de interés público, dando cumplimiento con el compromiso que asumimos con los afectados, al considerar que les ampara la ley», ha afirmado.
En una nota, el delegado territorial ha lamentado que «la Demarcación de Costas ha promovido ya diversos expedientes de recuperación posesoria con objeto a la demolición de otras tantas ocupaciones existentes en el entorno de la Casería de Ossio y con el apoyo inicial del Ayuntamiento de San Fernando, y todo ello sin informar de manera oficial sobre la situación en la que se encuentran dichos expedientes».
«A pesar de esta iniciativa que en ningún momento ha contado con nuestra participación, esta Delegación, sin contar con ese acuerdo previo, inicia el expediente para la declaración de interés público del poblado de La Casería», ha afirmado Sánchez, que ha explicado que para ello, se ha enviado tanto a la Demarcación de Costas como al Ayuntamiento de San Fernando, escrito para recabar los informes en aplicación del apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/1988 que requiere que las razones de interés público deberán ser apreciadas por la Administración estatal, autonómica y local.
Asimismo, también ha explicado que «para la legalización, que podrá ser total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las administraciones estatal, autonómica y local». Por tanto, como establece la ley, el plazo para emitir esos informes por parte de ambas administraciones es de un mes a partir de su notificación, que ocurrió este jueves, y se entenderá desfavorable a la legalización si no se emite en este plazo.
Para Sánchez, «la demolición de las obras e instalaciones, que podrían derivarse de los citados expedientes de recuperación posesoria, deberían quedar en suspenso hasta no se determine si concurren, en caso de coincidencia con los de su petición global, los requisitos para proceder a la legalización de las ocupaciones del asunto por razones de interés público, lo cual le ha sido requerido a la Demarcación de Costas de Cádiz como parte del mencionado escrito».
¡Recibe notificaciones en tu escritorio para poder enterarte de todas nuestras noticias!
